El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ha citado como investigados a Félix Solís Yáñez, consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís, y a José García Carrión Jordán, administrador único de García Carrión. Ambos enfrentan acusaciones de comercializar vinos bajo las denominaciones de crianza, reserva y gran reserva que presuntamente no cumplían con los requisitos de elaboración y envejecimiento establecidos en la normativa. La causa en su contra se sigue por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. El magistrado ha fijado las fechas de declaraciones como investigados para el 4 y 11 de diciembre.

Además, el juez también ha llamado como testigo al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. En su resolución, el magistrado ha decidido incluir a las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria como personas jurídicas en la causa, ya que podrían haber sido cómplices necesarios en los presuntos delitos investigados. Por otro lado, el juez ha requerido a las empresas Félix Solís SL, Félix Solís Avantis SA, García Carrión SA y Grupo Vinartis SA que subsanen los defectos de personación antes de ser llamadas a declarar en sede judicial.

Finalmente, el juez ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre el sobreseimiento de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes, ya que no se ha encontrado evidencia de que hubieran participado en una actividad ilícita después de examinar la documentación proporcionada.

La investigación se inició en abril de 2021 tras una denuncia presentada por la Fiscalía, donde se señalaba a varias bodegas de la Denominación de Origen Protegida de Valdepeñas, incluyendo a Félix Solís, García Carrión, Navarro López y Fernando Castro, de comercializar vinos que no cumplían con los requisitos de elaboración y envejecimiento establecidos. Desde entonces, el juez ha recibido informes policiales, documentación de las bodegas investigadas y de otras entidades e instituciones.

En el caso de Félix Solís, se ha encontrado evidencia de que los investigados comercializaron vinos tintos bajo las denominaciones de crianza, reserva y gran reserva en cantidades superiores a las declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas durante los años 2017, 2018 y 2019. La documentación analizada revela discrepancias entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, lo que pone en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados. Asimismo, se ha constatado una falta de concordancia en los datos relativos a las existencias de vino, las salidas declaradas, las declaraciones de aptitud y el parque de barricas.

En el caso de García Carrión, también se ha encontrado evidencia de que la compañía comercializó vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración y envejecimiento. Se ha identificado una discrepancia en la cantidad de vino declarada como apta por el Consejo Regulador y la cantidad comercializada a trece empresas del territorio nacional. Asimismo, se han detectado insuficiencias en el número de barricas necesarias para el envejecimiento del vino comercializado, lo que constituye un indicio importante de los presuntos delitos imputados.

El juez ha decidido incluir a las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL en el procedimiento, ya que podrían haber sido cómplices necesarios de los delitos investigados al emitir certificados de aptitud sabiendo que los datos contenidos en ellos no se ajustaban a la realidad. En el caso de Liec Agroalimentaria, se ha constatado que tramitó declaraciones de aptitud por un volumen de vino envejecido que excedía su capacidad productiva.