TOLEDO, 1 de septiembre. Con el objetivo de mejorar la seguridad laboral en la región, el Consejo de Gobierno discutirá el próximo martes, 9 de septiembre, la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral. Esta iniciativa promete implementar medidas inmediatas para fomentar la colaboración entre todos los actores involucrados en el ámbito laboral.

La noticia fue anunciada por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ofreció declaraciones a la prensa tras una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la secretaria general de UGT en la comunidad, Lola Alcónez. Franco también tiene programado un encuentro con el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, en el mismo día.

El nuevo instituto traerá consigo la formación del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral, un órgano tripartito compuesto por el Gobierno regional, sindicatos y empresarios. Este consejo se enfocará en la sensibilización sobre los riesgos laborales, la prevención de accidentes y la gestión eficaz de los recursos destinados a campañas de seguridad en el trabajo.

Según lo manifestado por la consejera, las comisiones especializadas en seguridad y salud laboral continuarán funcionando tanto a nivel regional como provincial. Con base en el aumento de accidentes laborales en agosto en Albacete, Franco ha destacado que se celebrará una comisión provincial dedicada a esta problemática el próximo martes.

La consejera subrayó la importancia de erradicar las caídas desde alturas, considerándolas un problema totalmente obsoleto en el contexto actual. “No se pueden permitir más muertes en Castilla-La Mancha, ni en ningún lugar del mundo, debido a caídas, cuando existen suficientes medidas de seguridad,” afirmó, haciendo un llamado a todos los involucrados en la creación de entornos laborales seguros.

Franco hizo un claro llamado a los empresarios para que cumplan con su obligación de proporcionar a los trabajadores todos los equipos necesarios para su seguridad. Paralelamente, instó a los empleados a utilizar adecuadamente estas medidas y a solicitarlas en caso de que no estén disponibles.

En su papel como representante del Gobierno regional, aseguró que se destinarán los recursos económicos y humanos necesarios para garantizar la seguridad laboral. En caso de accidentes, los técnicos de prevención y seguridad laboral de la Junta se desplazarán inmediatamente a los lugares donde ocurran estos incidentes.

A pesar de la preocupante cifra de 28 accidentes mortales reportados en lo que va del año, Franco destacó que las estadísticas de accidentalidad en la región están disminuyendo, situándose en torno al 6% en incidencia y 8% en número de accidentes.

Conscientes de la gravedad de la situación, la consejera remarcó que se ha aumentado el número de directores y subdirectores en el ámbito laboral, así como la supervisión de las cargas de trabajo de inspección en favor de la prevención.

Franco enfatizó la responsabilidad compartida en la implementación de medidas de seguridad, instando a que no haya dudas sobre la necesidad de emplear casco y calzado adecuado, ya que “la seguridad no es solo un trámite, es una obligación ineludible”.

Por su parte, la secretaria general de UGT, Alcónez, celebró la creación de este nuevo instituto, señalándolo como un medio esencial para lograr la anhelada cero siniestralidad. “Este organismo permitirá una comunicación más directa, evitando la complejidad típica de la intermediación,” observó.

Alcónez también hizo hincapié en que el diálogo social en la región es robusto y que UGT intensificará su trabajo en este ámbito. En cuanto a los accidentes laborales, mencionó que los caídos desde alturas han sido un tema recurrente en la provincia de Albacete, indicando un fallo en las medidas de prevención, ya que “los accidentes no deberían ser repetidos si se toman las acciones correctas”.

Finalmente, el sindicato se compromete a investigar las circunstancias de los accidentes laborales, así como a abogar por aumentar las oportunidades de empleo para aquellos colectivos que enfrentan mayores desafíos, incluidos jóvenes y personas en desempleo prolongado.