Madrid, 8 de julio. En un desarrollo trascendental para el panorama político y jurídico español, el pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aceptar a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por seis comunidades autónomas en relación con la distribución de menores inmigrantes no acompañados entre las propias regiones.

Según una nota oficial divulgada por Europa Press, la corte ha dado luz verde a las demandas del Consell de la Generalitat Valenciana y de los gobiernos de las Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, quienes han cuestionado la legalidad de la normativa vigente.

Los recursos en cuestión se centran en el real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo, que establece medidas urgentes para preservar el interés superior de los menores y adolescentes en contextos migratorios extraordinarios.

Los gobiernos reclamantes argumentan que dicha norma puede violar varios artículos de la Constitución, específicamente los números 81 y 86, y que podría contradecir el orden de competencias establecido, afectando además la autonomía financiera de las comunidades, tal como se indica en el artículo 156.

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional ya había admitido anteriormente recursos similares contra este real Decreto-ley, propuestos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de abril, así como por los gobiernos de Aragón, Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia en mayo.