CUENCA, 27 de enero.

En el reciente escándalo que involucra al vertedero de Almonacid del Marquesado, la empresa Grupo Griñó, cuyo nombre ha sido vinculado a una investigación de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en el traslado de residuos desde Italia, ha respondido contundentemente a las acusaciones en su contra. A través de un comunicado oficial, el conglomerado ha negado “de forma categórica” todas las imputaciones dirigidas hacia sus empleados y hacia las sociedades que forman parte de su estructura.

Fundada en 1933, Griñó es una empresa familiar que se especializa en el manejo y tratamiento de residuos, así como en servicios medioambientales. En su defensa, la compañía ha subrayado que las actividades que están bajo la lupa se limitan al traslado de residuos transfronterizos, una práctica que califica como “perfectamente legal” y que representa menos del 2,5% de su volumen total de negocio.

Para contextualizar su argumento, Griñó ha proporcionado cifras que ilustran la magnitud de esta actividad en el sector. En Cataluña, se están importando anualmente aproximadamente dos millones de toneladas de residuos, gestionadas por cerca de 38 empresas involucradas en esta actividad regulada. En contraposición, Grupo Griñó estaría trasladando tan solo unas 40,000 toneladas al año, lo que pone en perspectiva la enormidad de las acusaciones que enfrenta.

Respecto a las autorizaciones pertinentes, el grupo ha afirmado rotundamente que cuenta con todos los permisos requeridos por las Administraciones Públicas para gestionar residuos y realizar traslados desde otros países europeos. Además, recalcan que sus instalaciones están sujetas a inspecciones y controles regulares por parte de las autoridades competentes.

En relación con los residuos provenientes de Italia, Griñó ha garantizado que no se trata de materiales peligrosos ni tóxicos que puedan representar un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. Este argumento busca disipar las preocupaciones que pudieran surgir entre la población local y los consumidores de sus servicios.

La empresa ha expresado también su respeto por el trabajo de las autoridades judiciales, afirmando que colaborará en todo lo necesario para esclarecer los hechos. Sin embargo, han insistido en que las informaciones publicadas en los medios no reflejan la realidad y que muchas de las conclusiones del atestado policial carecen de sustento, describiéndolas como meras denuncias sin pruebas concretas.

Por otro lado, Griñó ha hecho referencia a un comunicado emitido por la Agència de Residus de Catalunya, que asegura que durante los últimos dos años, sus plantas en Constantí y Riba-roja han sido sometidas a 55 inspecciones, sin que se haya encontrado ninguna irregularidad en relación con residuos no autorizados.

Finalmente, Grupo Griñó se ha comprometido a demostrar en el curso del procedimiento judicial que su operativa empresarial se ha mantenido dentro de los márgenes legales tanto a nivel nacional como internacional. Concluyen su comunicado advirtiendo que evitarán hacer más valoraciones para mantener el respeto hacia el proceso judicial en curso, reiterando la falacia de las acusaciones que han afectado gravemente su reputación.