TOLEDO, 15 de julio.

Juan Alfonso Ruiz Molina, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, ha criticado con vehemencia el denominado "cupo catalán", el cual ha descrito como "una trampa engañosa e injusta". Esta financiación específica para Cataluña, acordada entre el Gobierno y la Generalitat, se convierte en un asunto que, según él, requiere atención inmediata, instando a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en lugar de esperar hasta después del verano.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Fuensalida, el consejero se refirió a la reciente reunión entre el Estado y la Generalitat en Barcelona, lamentando que el acuerdo obtenido se presenta de manera que "intenta hacer parecer lo que no es".

Ruiz Molina resaltó que el documento resultante de este encuentro es "ambiguo" y dijo que, en última instancia, la financiación especial para Cataluña no es más que un "cupo", similar al que ya se aplica en el País Vasco y Navarra, aunque con algunos ajustes. Esta falta de claridad fue uno de los puntos que el consejero subrayó como preocupante.

El documento propone que Cataluña recoja todos los impuestos generados en su territorio y, a cambio, entregue al Estado una parte de estos recursos, dependiendo de las competencias que este ejerza en la comunidad. "Si el sistema de financiación autonómica ya es complejo por sí solo, la cuestión se complica aún más al tratar de determinar cómo se distribuyen los gastos del Estado entre las comunidades autónomas", explicó Ruiz Molina.

Criticó además que se establezcan términos para el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas en una negociación que solo involucra a Cataluña. A su juicio, sería más honesto incluir a todas las comunidades en este tipo de discusiones. "No me gustan los acuerdos precocinados", dijo, subrayando que le gustaría colaborar con otros consejeros, a pesar de las discrepancias existentes.

En relación al modelo propuesto, Ruiz Molina expresó sus reservas sobre su viabilidad y su aplicabilidad a otras comunidades. "Imaginen que todas las comunidades, aunque lo dudo, adoptáramos este enfoque, lo que haría sería eliminar el papel del Estado en la redistribución de la renta y la cohesión territorial", advirtió.

Según el consejero, esto transformaría al Gobierno central en una comunidad autónoma más que dependería de las demás para financiar servicios esenciales como defensa y seguridad. "Aceptar este modelo llevaría a la eliminación del concepto de Estado tal como lo conocemos", declaró.

Ruiz Molina insistió en que no se puede tomar a las comunidades autónomas por ingenuas. Destacó la necesidad de examinar la cuota de solidaridad y el principio de ordinalidad que, según él, está implícito en el documento y que pone en riesgo la igualdad de oportunidades en función del lugar de residencia, en lugar de considerar la situación individual de cada ciudadano.

El consejero remarcó que el objetivo de los independentistas no es solo obtener más recursos, sino conseguir que tengan más ventajas que el resto. En este sentido, expresó su frustración por no haber podido discutir el principio de ordinalidad en el marco del CPFF, advirtiendo que este modelo podría "fragmentar" la riqueza del país en favor de unos pocos.

Ruiz Molina concluyó que es inaceptable negociar la financiación de España con un partido que busca fragmentar el país. Por ello, enfatizó la importancia de una convocatoria urgente del CPFF para abordar estos temas. Además, desde el Gobierno regional se ha rechazado cualquier acuerdo que perpetúe la idea de que los que más tienen deben recibir mejores servicios públicos, lo que crearía un sistema con "dos velocidades" entre comunidades autónomas ricas y menos favorecidas.

El objetivo de Castilla-La Mancha, según su consejero, es garantizar que el sistema de financiación respete el principio de igualdad, asegurando que todos los españoles tengan acceso a servicios públicos de calidad, sin importar su situación económica o lugar de residencia.