Guardia Civil abre oficinas en cuatro ciudades para identificar a los fallecidos del accidente de Urda
Guardia Civil habilita oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para identificar a los fallecidos del accidente ferroviario de Urda con 30 víctimas.
La Guardia Civil ha habilitado oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que los familiares de primer grado de las víctimas puedan identificar a los desaparecidos tras el accidente ferroviario entre Urda y Los Yébenes. El siniestro, ocurrido este miércoles, deja al menos 30 personas fallecidas.
En estas dependencias también se tomarán muestras de ADN para acelerar los procesos de identificación. Así lo han comunicado fuentes del Ministerio del Interior. La medida busca reducir el tiempo de espera de las familias en un momento de gran dolor.
Las oficinas se ubican en la Zona de la Guardia Civil de Madrid, en la calle Batalla del Salado, 32; en la Zona de Andalucía de Sevilla, en la avenida de la Borbolla, 8; en la Comandancia de Córdoba, en la avenida de los Mozaharabes; y en la Comandancia de Toledo, en la avenida Barber, 42. La distribución geográfica responde a la procedencia de los pasajeros, muchos de ellos residentes en el sur y el centro peninsular.
Según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Toledo, mientras que los heridos fueron atendidos en el polideportivo de Urda. Las mismas fuentes confirman que todos los heridos han sido evacuados y que únicamente quedan fallecidos en el lugar del accidente.
El balance material es severo. En el AVE viajaban 393 pasajeros y su primer vagón ha quedado partido. En el Iryo viajaban 147 personas y su último vagón ha volcado. Estos datos sitúan el suceso entre los más graves de la red ferroviaria española en los últimos años y obligan a examinar tanto la respuesta de emergencia como las condiciones de seguridad de la infraestructura.
La apertura de oficinas de identificación en varias comunidades pone de manifiesto la dimensión nacional de la tragedia. Queda por ver si las investigaciones técnicas sobre las causas del descarrilamiento o colisión arrojan responsabilidades y qué cambios regulatorios puedan derivarse, en un contexto en el que la alta velocidad y la convivencia de operadores privados en la red son objeto de debate público.