La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha elevado una solicitud a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que forma parte del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de obtener información detallada sobre el monto total recaudado por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) desde el año 1987, cuando se declaró la sobreexplotación del Acuífero 23. Esta acción aborda infracciones vinculadas al uso indebido del agua y prácticas de riego inadecuadas.

Además, AIVE ha demandado que el IGAE proporcione un desglose anual de las cantidades recaudadas, identificando el tipo específico de infracción o procedimiento sancionador que derivó en estas multas.

La solicitud también incluye el requerimiento sobre el destino de los fondos recaudados por estas sanciones, indagando si han sido canalizados al Tesoro Público, incorporados al presupuesto general o dirigidos hacia proyectos concretos como infraestructuras hidráulicas, vigilancia o restauración del dominio público hidráulico, entre otros.

Asimismo, la asociación anhela obtener trazabilidad sobre la utilización de los recursos recaudados, lo cual le permitiría conocer en qué programas o iniciativas se han invertido dichos montos y también cuenta con la referencia de normas o instrucciones internas que regulen su manejo.

La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ha hecho extensiva esta petición directamente a la CHG y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), buscando claridad en la gestión de estos fondos.

A nivel regional, AIVE ha solicitado formalmente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que la Junta de Comunidades se dirija a las instituciones pertinentes —IGA, Miteco y CHG— para requerir la misma información que la asociación ha solicitado.

Es relevante mencionar que recientemente García-Page indicó la posibilidad de llevar a las confederaciones hidrográficas ante los tribunales por supuestas "negligencias en la gestión", lo que coincide con las preocupaciones expresadas por AIVE, quienes han mostrado su descontento institucional con la situación actual.