BRUSELAS/CIUDAD REAL, 25 de septiembre.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido llevar a cabo una visita en febrero al Parque Nacional de Cabañeros, situado en Ciudad Real. Esta inspección tiene como objetivo evaluar las repercusiones de la prohibición de la caza en el parque, ante las quejas sobre el descontrol en las poblaciones de fauna autóctona que amenazan la integridad de este ecosistema.

La comisión ha optado por seguir adelante con la solicitud de un ciudadano español que ha señalado que la restricción de la caza, instaurada en 2020, ha llevado a una proliferación excesiva de ciervos y jabalíes, complicando la situación ecológica del parque, que forma parte de la red europea Natura 2000.

El ciudadano afectado ha manifestado ante los eurodiputados su postura: "Los animales tienen ciclos naturales y es fundamental implementar medidas de control y regulación para evitar un deterioro mayor", ha subrayado.

Además, ha enfatizado que la sostenibilidad de Cabañeros está intrínsecamente ligada al cumplimiento de la normativa europea y ha advertido de que permitir su degradación "no solo perjudica el patrimonio natural de España, sino el de toda Europa”.

Desde la Comisión Europea, un portavoz ha reiterado que los planes para conservar áreas bajo la red Natura 2000 deben respetar la condición esencial de no causar daño a las especies nativas. No obstante, ha destacado que el tema corresponde a los tribunales de cada país para su resolución.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han mostrado su apoyo a la petición, calificando la situación de Cabañeros como "alarmante". El eurodiputado 'popular' Juan Ignacio Zoido ha enumerado los problemas que atraviesa el parque: "Erosión del suelo, una notable pérdida de biodiversidad, un aumento del riesgo de incendios y la extinción de especies vegetales y animales de gran importancia", apuntó, responsabilizando de esta crisis a la "inacción" del Gobierno de España y de la Junta de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Mireia Borrás de Vox ha criticado a la Comisión Europea por su aparente compromiso con la agenda verde, mientras ignora "problemas ambientales reales" utilizando "justificaciones burocráticas". También ha acusado al PSOE de gestionar de manera deficiente el parque nacional, sugiriendo que está sufriendo debido al "fracaso de políticas que se deciden en oficinas" y que están influenciadas por el "ecologismo radical".

En contraposición, la eurodiputada socialista Cristina Maestre ha rechazado la existencia de problemas relacionados con el control de la fauna y ha defendido las políticas de caza de la Junta de Castilla-La Mancha, señalando que las licencias de caza se entregan de manera gratuita y que este sector contribuye un 2,1% al PIB regional.

Maestre afirmó que "la sociedad de Castilla-La Mancha, que es propensa a la caza, apoya y comprende la prohibición impuesta en Cabañeros".