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Sanidad 18 de Septiembre de 2026 · 12:08h 2 min de lectura

La Junta de Castilla-La Mancha impulsa una nueva etapa en dependencia tras 20 años de avances

El sistema de atención a la dependencia en Castilla-La Mancha cuenta actualmente con más de 82.700 personas atendidas y cerca de 124.000 servicios activos. Estas cifras reflejan un crecimiento significativo desde 2015, cuando beneficiaba a 34.688 personas y ofrecía 47.160 prestaciones. La Junta destaca la experiencia acumulada y la consolidación de un modelo cercano a los residentes, especialmente en áreas rurales.

Este avance se enmarca en un contexto político en el que la legislación estatal ha experimentado cambios importantes, como la reducción del plazo de resolución y la ampliación de derechos en teleasistencia y ayuda a domicilio. La comunidad autónoma reivindica un papel activo en su desarrollo, además de exigir una financiación compartida 50-50 con el Estado, pues actualmente asume casi el 75 % del coste total del sistema.

Estas reformas implican una mayor eficiencia en la gestión y una mayor protección de los derechos de las personas dependientes y con discapacidad. La comunidad también mantiene su apuesta por recursos específicos, como la teleasistencia pública y gratuita, y viviendas para mayores en zonas rurales, que complementan y refuerzan el sistema.

Desde una perspectiva política, la Junta considera que estos avances reflejan un recorrido que ya venía siendo trabajado en Castilla-La Mancha. La experiencia regional, con servicios consolidados y una cobertura elevada, sitúa a la comunidad en una posición de liderazgo en la atención a la dependencia, superando los estándares nacionales en muchos aspectos.

El futuro del sistema apunta a seguir mejorando en calidad y eficiencia, con una inversión prevista de casi 700 millones de euros en 2026. La intención es reducir aún más los plazos de resolución y consolidar un modelo de atención que, además de responder a las necesidades actuales, pueda adaptarse a los cambios demográficos y sociales en la región.

En un contexto de reformas nacionales, Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con un modelo de dependencia basado en la proximidad, la autonomía y la participación activa de los afectados. La comunidad busca seguir liderando la innovación social y la protección de colectivos vulnerables en el marco del nuevo marco legislativo estatal, con una perspectiva de sostenibilidad y corresponsabilidad en el sistema.

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