ALBACETE, 26 de septiembre.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, ha expuesto este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial correspondiente al año 2024. En su intervención, ha destacado un preocupante aumento del 8,7% en los casos judiciales pendientes en la región en comparación con el año anterior, una situación agravada por la escasez de jueces.

A pesar de la situación, Astray ha señalado que el número de resoluciones judiciales ha aumentado en un impresionante 25,9%. Sin embargo, este incremento no es suficiente para contrarrestar la carga de trabajo, ya que se han registrado un 14,6% más de nuevos litigios.

Durante el último ejercicio judicial, los magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron un total de 263.460 asuntos, un incremento notable respecto a los 196.497 del año 2023. Sin embargo, se ingresaron 283.872 nuevos casos, lo que evidencia la necesidad urgente de reforzar el sistema judicial en la región.

La presidenta del tribunal ha resumido la situación del año fiscal al afirmar que, pese al esfuerzo y dedicación de los tribunales, no logran reducir el número de asuntos pendientes. Esto se debe en gran parte a la insuficiencia de jueces en Castilla-La Mancha, que cuenta con el ratio más bajo de jueces por habitante de toda España, con solamente 10 por cada 100.000 habitantes, según indica la memoria presentada.

Este incremento en la litigiosidad es atribuido al crecimiento de la población y a una mayor presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara, que están experimentando un notable aumento de casos.

A pesar de la reciente puesta en funcionamiento de nuevos juzgados, como el Juzgado de Primera Instancia Número 8 en Illescas y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Toledo, así como la incorporación de nuevos magistrados en distintas secciones, la presidenta ha reiterado la urgente necesidad de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados en la comunidad autónoma para poder abordar de manera adecuada el problema.

Entre los ámbitos que han visto un notable aumento de litigiosidad, destaca la jurisdicción social, que ha experimentado un incremento del 34,5% en nuevos casos, seguida de la jurisdicción civil con un 31%. Los casos en la jurisdicción penal han crecido casi un 15%, así como los juzgados de primera instancia que han registrado un aumento del 23,8% en sus cargas de trabajo.

Además de la falta de jueces, la magistrada ha mencionado problemas de infraestructura, subrayando las condiciones precarias que enfrentan algunos juzgados, como los de Illescas y Talavera, donde las instalaciones son insuficientes y obligan a los jueces a compartir espacios de trabajo, lo que complica el proceso judicial y genera molestias para las víctimas.

"Debemos considerar la situación de víctimas de maltrato, violencia sexual o menores, que a menudo deben desplazarse a localidades donde residen sus agresores para asistir a las vistas", ha señalado Astray, quien ha hecho un llamado urgente para dotar a los juzgados de más y mejores salas, así como servicio de videoconferencias para la protección de estas personas vulnerables.

La presidenta del Tribunal ha dejado claro que, aunque se intentarán buscar soluciones, estas se ven obstaculizadas por la falta de recursos económicos, mencionando que "no tienen la 'varita mágica' del presupuesto" para resolver estos problemas.

A pesar de este panorama, ha expresado su confianza en los profesionales del sistema judicial y ha agradecido el esfuerzo realizado para lograr un aumento en las tasas de resolución de casos en el último año.

Astray, quien asumió el rol de presidenta del órgano judicial de Castilla-La Mancha en febrero, ha puntualizado que en el último año se han enfocado especialmente en casos de violencia de género y en la atención a víctimas vulnerables. Para ello, están implementando diversas medidas, incluyendo la reactivación de la Comisión Regional de Violencia de Género, la creación de un protocolo para la atención de personas con problemas de salud mental en procesos judiciales, así como establecer una mesa técnica para tratar casos de trata de personas con la participación del Tribunal Superior de Justicia.

En relación a la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, que busca reestructurar los tribunales, Astray advierte que cumplir con sus objetivos de eficacia será complicado sin un aumento significativo en el presupuesto. Además, ha señalado que la tercera fase del plan tendrá un mayor impacto en las capitales de provincias que enfrentan más carga de trabajo.

"Las capitales están sometidas a una mayor presión. Deseamos que esta nueva organización opere correctamente y, de momento, hay una buena colaboración entre las partes involucradas", comentó la presidenta, quien, no obstante, se mostró cautelosa debido a dificultades que han surgido en implementaciones de modelos anteriores.

Al concluir su intervención, Astray enfatizó la importancia de cumplir con la ley, aunque reiteró que sin una propuesta presupuestaria ambiciosa y un aumento en la cantidad de jueces, se enfrentarán a desafíos significativos en el futuro.