La Seguridad Social obliga a un empresario albaceteño a pagar recargo por accidente laboral a trabajador irregular

Un empresario agrícola de Albacete deberá abonar el recargo de prestaciones a un trabajador en situación irregular tras un atropello ocurrido en verano en Santa Ana. La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo han respaldado esta decisión, que implica que el empleador asume parte de la responsabilidad del accidente.

El incidente se produjo cuando el propio empresario atropelló al trabajador con su vehículo durante tareas agrícolas, en un contexto de contratación mediante una empresa intermediaria. La víctima, en estado grave, fue abandonada en el hospital tras el accidente, lo que motivó una investigación policial y denuncias por parte del sindicato CCOO, que denuncia la explotación laboral en el sector agrícola de la región.

Este caso evidencia la problemática de la contratación irregular en el campo, que favorece condiciones laborales precarias y aumenta los riesgos de accidentes sin que las empresas asuman sus responsabilidades. La decisión judicial de obligar al empleador a pagar el recargo de prestaciones representa un avance, aunque los daños físicos y psicológicos para el trabajador serán permanentes.

Desde el ámbito político, el caso refleja la necesidad de reforzar los controles en el sector agrícola y avanzar en la regularización de los trabajadores en situación irregular, un proceso que, a pesar de las medidas adoptadas, sigue siendo lento y complejo. La falta de recursos humanos en la Administración complica la rápida resolución de estos expedientes, que pueden tardar hasta un año en resolverse.

El informe de siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha muestra una ligera reducción en accidentes en el primer trimestre de 2026, pero las denuncias por incumplimientos en seguridad aumentan. Los sindicatos reivindican mayor inversión en inspección y prevención para garantizar condiciones dignas en el empleo agrícola.

En el contexto político actual, la atención a la problemática laboral en el campo se ha intensificado, con propuestas legislativas para mejorar la regulación y sancionar con mayor contundencia los fraudes laborales. La experiencia de este caso subraya la urgencia de implementar políticas públicas que protejan a los trabajadores y prevengan tragedias similares en el futuro.