El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha instado al grupo Vox a retractarse de ciertas acusaciones realizadas durante un intenso debate en el pleno. Esta intervención se dio en el contexto de una serie de propuestas presentadas por el Partido Popular y Vox en contra de la acogida de menores migrantes no acompañados en la región.

David Moreno, líder de Vox, inició su discurso citando recientes incidentes delictivos, como violaciones en Madrid perpetradas por inmigrantes, para cuestionar las decisiones del Gobierno respecto a la reintegración de estos menores. En sus palabras, Moreno expresó una fuerte preocupación por la inseguridad que él considera prevalece en los barrios, atribuyendo esta situación a la inacción gubernamental. Según el dirigente, es "imperativo deportar" a los migrantes.

El presidente de Vox también dirigió su atención hacia la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, pidiendo detalles sobre el proceso y condiciones para la distribución de los migrantes, cuyos destinos están actualmente en discusión tanto con el Gobierno regional como con el central. Moreno denunciò la solicitud de 400 millones de euros presentada por el presidente Emiliano García-Page para financiar este proceso, considerándola una "promoción de la inmigración ilegal".

En su propuesta, Vox demandó el rechazo a la medida del Gobierno central sobre la distribución de menores y abogó por alternativas que prioricen la seguridad ciudadana. También propusieron la creación de un plan efectivo de repatriación y la eliminación de toda ayuda a inmigrantes irregulares, a excepción de la asistencia humanitaria.

Durante su intervención, Moreno señaló que el Gobierno actual es culpable de los delitos cometidos por migrantes irregulares. Estas declaraciones generaron la respuesta del presidente Bellido, quien consideró que tales afirmaciones traspasan los límites del respeto y el decoro parlamentario. A pesar de la solicitud de retractación, Moreno se negó a retirarlas.

Desde el Partido Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro calificó el plan del Gobierno de "extorsión", señalando que se trata de una medida forzada y sin el debido respeto a las autonomías. Insistió en la urgente necesidad de actualizar el protocolo de acogida para los menores, el cual no ha recibido cambios desde 2017, a pesar del aumento notable en las llegadas.

Martín-Buro también criticó la falta de planificación y recursos en la medida, sugiriendo que el Gobierno debería garantizar una adecuada financiación y participación equitativa entre las diferentes regiones en estos acuerdos migratorios.

En un giro hacia la defensa de la población migrante, el diputado socialista José Antonio Contreras calificó las declaraciones de Vox como incendiarias y dañinas, sugiriendo que tales mensajes fomentan el odio hacia los migrantes. Contreras también recordó el impacto de la violencia en casos pasados, haciendo un llamado a la convivencia y la regularización de inmigrantes dentro de su comunidad.

En su intervención, Contreras mostró una imagen del niño Aylan Kurdi, fallecido en su intento de cruzar el Mediterráneo, solicitando más recursos para las poblaciones que huyen de conflictos bélicos y asegurando que la prioridad debe ser la atención a estos menores.

La consejera de Bienestar, Bárbara García, refutó las afirmaciones de Vox sobre el aumento de la criminalidad y resaltó que los delitos de odio han crecido desde 2019. García defendió la postura solidaria de Castilla-La Mancha, comprometiéndose a reclamar los recursos necesarios para garantizar los derechos humanos en la comunidad.

El debate concluyó con propuestas del Grupo Socialista, que enfatizaron la necesidad de colaborar con el Gobierno central y las comunidades autónomas para asegurar el financiamiento y promover la integración de la población inmigrante, así como el compromiso con el pacto regional por la Infancia y la Adolescencia, frente a discursos de odio.