ALBACETE, 23 de mayo. En un esfuerzo significativo contra la ciberdelincuencia, la Guardia Civil de Albacete ha llevado a cabo la operación 'Djarin', resultando en la detención de seis individuos de entre 24 y 45 años. Estos sospechosos residen en varias localidades de Madrid, así como en la andaluza Carmona, y se les atribuyen delitos relacionados con fraudes en línea.

Los cargos formulados contra estos detenidos son graves e incluyen seis casos de estafa bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), intentos de estafa, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsificación de documentos mercantiles y pertenencia a un grupo criminal organizado.

La estrategia del fraude BEC implica el engaño mediante correos electrónicos que aparentan ser de fuentes confiables, permitiendo al estafador desviar una transacción comercial hacia sus propias cuentas bancarias, como ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron en febrero de 2024, impulsadas por una denuncia presentada en Villarrobledo. Un empresario alertó que había recibido un correo de una firma con la que colaboraba, solicitando el pago de una factura pendiente de 9.515 euros, la cual pagó sin dudarlo.

El correo incluía información de una cuenta bancaria diferente a la habitual, que posteriormente se confirmó pertenecía a los detenidos, y no a la empresa legítima que debía recibir el pago.

A través de un meticuloso trabajo de investigación, los agentes del Equipo@ de la Guardia Civil identificaron a los sospechosos, quienes manipulaban las facturas en función de las comunicaciones entre las compañías, consiguiendo que las transferencias fueran a cuentas que controlaban.

Las primeras detenciones se llevaron a cabo cuando dos de los implicados intentaron retirar parte del dinero estafado en un cajero de una población madrileña, habiendo transferido previamente el resto a cuentas en Alemania, con el fin de eludir la acción de las fuerzas del orden.

A pesar de haber obtenido más de 35.000 euros a través de estos engaños, la intervención policial logró evitar una transferencia de 15.000 euros que un centro educativo había autorizado como pago por servicios, que los estafadores habían logrado redirigir.

Las correspondientes diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, que está asumiendo el caso, al tiempo que se ha remitido una copia al Juzgado de Instrucción de guardia en Ontinyent, Valencia.