TOLEDO, 5 de septiembre.

El próximo 10 y 11 de septiembre, la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo un juicio que involucra a seis individuos —O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.— acusados de traer a España desde Colombia a un total de siete mujeres con el propósito de explotarlas sexualmente. En vista de la gravedad de estos cargos, la Fiscalía solicita penas de 12 años y medio de prisión para cada uno de los inculpados.

De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., que mantenían una relación sentimental similar a la matrimonial, se trasladaron a Toledo para llevar a cabo un plan previamente diseñado en colaboración con otros acusados, entre ellos J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R. Su objetivo era obtener beneficios económicos a través de la prostitución de mujeres, en su mayoría jóvenes de La Virginia, localidad colombiana de origen de los acusados.

En mayo de 2019, y siguiendo un esquema establecido por O.O.O.R., J.J.R. contactó a una amiga llamada B. para ofrecerle la oportunidad de venir a España y trabajar en la prostitución. Esta propuesta incluía un adelanto para cubrir gastos de traslado, como la obtención de un pasaporte y pasajes de avión, además de facilitarle 1.000 euros como viático, haciéndole creer que contaba con los medios para ingresar al país.

Sin embargo, a cambio de estas “ayudas”, se estableció una carga económica cuestionable, que obligaba a B. a devolver 3.000 euros a O.O.O.R. una vez en España, con los ingresos que generara por su trabajo como prostituta. Esta suma era desproporcionadamente alta en comparación con los gastos que los acusados mencionaban haber asumido.

Los acusados aplicaron una estrategia similar con otras mujeres, incluyendo a C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales ingresaron al país a través de Francia y Alemania para eludir los controles fronterizos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Estas mujeres fueron instruidas en la publicidad de sus servicios sexuales, no solo para saldar las deudas impuestas por O.O.O.R., sino también para cubrir los costos de alojamiento que el mismo acusado fijó en 150 euros semanales, una cantidad considerada excesiva por la Fiscalía.

Además, las víctimas fueron forzadas a transferir dinero a los acusados desde locutorios, con cantidades determinadas por ellos. Otra actividad delictiva llevada a cabo por el grupo era la venta de cocaína a los clientes que lo solicitaban durante los encuentros sexuales, para lo cual O.O.O.R. aseguraba disponer de un suministro constante de la droga.

El 8 de diciembre de 2019, B. se presentó voluntariamente en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo para denunciar la situación de explotación en la que se encontraba. Su relato fue considerado creíble por los agentes, quienes le brindaron protección y la trasladaron a un refugio vinculado al Centro de la Mujer de Toledo. Esto dio inicio a una investigación que culminó en la actual causa penal.

El 10 de marzo de 2020, la policía llevó a cabo registros en varias viviendas relacionadas con los acusados, donde se encontraron diversas evidencias, incluyendo cocaína y dinero en efectivo. En uno de los domicilios se descubrió a G.A.O.G., quien intentó deshacerse de dosis de droga arrojándolas al inodoro, aunque algunas fueron recuperadas y analizadas.

Los registros se extendieron a otras residencias de los acusados, donde también se hallaron más drogas, una balanza de precisión y cantidades significativas de dinero en efectivo. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman un total de siete años para cada uno de los delitos de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otros cargos relacionados con la salud pública y derechos de los inmigrantes.

Todos los acusados enfrentarán cargos como coautores de las actividades delictivas que se les imputan.