La Guardia Civil de Ciudad Real ha realizado una importante operación contra el fraude a la Política Agraria Comunitaria (PAC), que ha llevado a la detención de tres personas. La investigación ha sido autorizada por la Fiscalía Europea, y las tres personas detenidas son acusadas de diversos delitos, entre los que se encuentran fraude a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La operación, denominada Timallus, ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, con el objetivo de esclarecer diversos ilícitos cometidos por un grupo criminal. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la investigación, ya que ha permitido obtener información sobre agricultores que estaban cobrando subvenciones de la PAC de forma fraudulenta. Esta información ha permitido iniciar una investigación que ha llevado a la detección de numerosas irregularidades.

La investigación ha permitido identificar a una persona y una empresa que habían solicitado ayudas directas de la PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomalías e irregularidades. Estas personas habían pasado de percibir en 2018 una cuantía de 2.000 euros aproximadamente a más de 40.000 en 2020. Asimismo, se ha constatado que estas personas eran propietarias de otras empresas con las que se realizaban compras de derechos de pago y búsqueda de parcelas no declaradas por falta de actividad real u otros motivos.

La organización criminal detectada estaba formada por, al menos, tres personas y cinco empresas que operaban en diversas provincias de la geografía española, entre las que se encuentran Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. Estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campañas de la PAC, así como de pedir ayudas de la PAC y facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvención.

El entramado criminal identificado no sólo percibía dinero de titularidad pública de forma directa, sino que también recibía dinero público mediante la firma de contratos mercantiles para la activación de los derechos de pago con terceras personas. De la acción directa de estas empresas, se estima que inicialmente se ha defraudado 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta.

La investigación ha concluido con la detención de tres personas, dos entradas y registros llevadas a cabo en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, y la intervención de efectivo, documentación, dispositivos informáticos, cuentas bancarias, fincas, propiedades, vehículos y tractores.