Una reciente publicación de la ONG WWF ha puesto de relieve las disparidades en la gestión de la conservación del lobo en diversas comunidades autónomas de España. El informe, titulado '¿Hacia la coexistencia o el conflicto?', sostiene que únicamente Cataluña está adoptando un enfoque adecuado en sus políticas de protección del lobo, mientras que lugares como Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha son criticados por sus estrategias deficientes.

El análisis de WWF determina que varias regiones, entre ellas Castilla y León, Asturias, Madrid, La Rioja, Cantabria, Vizcaya, Galicia y Álava, deben hacer mejoras significativas en sus políticas relacionadas con la conservación de esta especie tan emblemática. En contraste, Cataluña destaca como el único territorio que marcha "por el buen camino".

Según Luis Suárez, responsable del Departamento de Conservación de WWF, la caza del lobo no aborda los problemas subyacentes y perpetúa la tensión social en lugar de resolverla. La ONG hace un llamado urgente a cambiar la narrativa y a enfocarse en reducir los daños en vez del número de lobos, proponiendo que esto se logre a través de medidas preventivas eficaces.

El estudio se centra en diversos aspectos de las políticas autonómicas, incluyendo la prevención y compensación de daños, así como la participación y planificación. Suárez señala que, a pesar de algunos progresos en el ámbito de la compensación, estas mejoras son aún insuficientes. Destacó que, aunque hay más recursos disponibles que nunca, su utilización sigue siendo inadecuada y carente de transparencia.

Lo que resulta alarmante es la baja calificación que reciben Asturias, Cantabria y Castilla y León en lo que respecta al apoyo público para la implementación de medidas que prevengan ataques al ganado, como la utilización de perros de guardia o cercados. Esta situación genera dudas sobre la efectividad de los esfuerzos en la protección del lobo en estas comunidades históricamente asociadas a su presencia.

Suárez expresó esta inquietud al apuntar que ni las comunidades ni el Ministerio que dirige Sara Aagesen han proporcionado claridad sobre cómo se están utilizando los recursos para la protección del lobo. Además, desmintió la idea de un aumento significativo en la población de lobos, advirtiendo que quizás algunos lugares hayan observado un leve crecimiento, pero en general, "no hay tantos lobos como se quiere hacer creer".

Con el objetivo de fortalecer la conservación del lobo ibérico, WWF insta al Ministerio para la Transición Ecológica a implementar criterios claros y consistentes sobre los daños al ganado. Esto incluye asegurar la transferencia de fondos de manera regular y transparente, colaborar con el Ministerio de Agricultura para fomentar la convivencia y establecer una mesa nacional dedicada a la gestión del lobo.

Las recomendaciones para las comunidades autónomas incluyen mejorar la financiación para iniciativas preventivas, asegurar compensaciones justas para los ganaderos y luchar contra la caza furtiva mediante medidas más efectivas. Además, WWF demanda que el Ministerio de Agricultura diseñe una estrategia participativa centrada en la ganadería extensiva.

En conclusión, el análisis de WWF revela una preocupante falta de voluntad política para implementar soluciones efectivas que garanticen la coexistencia entre la ganadería y el lobo. Suárez finalizó señalando que es fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas trabajen juntos para asegurar el apoyo necesario a los ganaderos y para garantizar la conservación de esta especie crucial para nuestro ecosistema.