TOLEDO, 29 de julio. En el marco del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles en Castilla-La Mancha, diversos sectores y la Administración han comenzado a delinear estrategias frente a la reciente imposición de un arancel del 15% por parte de Estados Unidos a productos europeos. Entre las soluciones discutidas se encuentran el establecimiento de arancel cero para productos agroalimentarios, el apoyo gubernamental y la apertura a nuevos mercados.

Organizaciones agrarias, sindicatos y representantes del gobierno autonómico se han pronunciado sobre las repercusiones de este acuerdo transatlántico, manifestando la preocupación por el impacto que tendrá en las exportaciones de la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, expresó su descontento, señalando que este acuerdo quebranta las normativas comerciales y que espera que los aranceles cero beneficien a productos clave como el vino, el aceite de oliva y otros bienes esenciales para la economía regional.

Franco enfatizó que el Gobierno regional está comprometido a presionar al Ejecutivo español para que priorice las necesidades de las exportaciones más afectadas por estas tarifas. Por su parte, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, anticipó una “repercusión significativa” en el sector del vino debido a las nuevas tarifas, sugiriendo una necesidad urgente de diversificar los mercados y encontrar nuevos compradores.

Desde Asaja, su líder, Florencio Rodríguez, criticó la postura de Europa hacia los agricultores y sugirió que se busquen alternativas en mercados como Iberoamérica o Asia. En la misma línea, Alejandro García de UPA solicitó una respuesta más activa de la Administración, confiando en que los aranceles cero se apliquen a productos emblemáticos como el aceite y el queso.

Nuria Villanueva, representante de Cooperativas Agro-alimentarias, manifestó su preocupación por el impacto negativo del acuerdo en productos clave, reafirmando su confianza en las medidas que el Gobierno regional podría implementar. Mario Fernández, de Cecam, calificó el acuerdo como “muy desfavorable”, demandando que la Unión Europea establezca un sistema de ayudas que apoye a las empresas afectadas.

Finalmente, Javier Ortega, secretario general de CCOO, criticó severamente el acuerdo, describiéndolo como “humillante” y reclamó un liderazgo económico europeo que garantice la soberanía alimentaria y energética ante los nuevos desafíos del comercio internacional. De igual manera, Lola Alcónez, secretaria general de UGT en la región, pidió medidas que fortalezcan la competitividad de sectores vitales como el agroalimentario y el del calzado.