El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado una carta al propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas, para comunicarle que será inspeccionado en los próximos días para verificar el uso de sus instalaciones debido a la controversia surgida por la posibilidad de convertirlo en un centro de acogida para inmigrantes.

En la carta se invita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para exponer sus argumentos y comunicar cualquier acción realizada en las instalaciones. Se advierte que, de ser necesario, se tomarán medidas legales para restaurar el orden urbanístico y territorial.

El Gobierno regional justifica la inspección debido a la recepción de una carta de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, que informaba de actuaciones sin autorización en el aeropuerto. Se señala que el aeropuerto fue desarrollado a través de un Proyecto de Singular Interés y está sujeto a normativas específicas.

Se plantea la posibilidad de imponer sanciones a la empresa propietaria del aeropuerto por presuntas infracciones urbanísticas, y se destaca la responsabilidad asumida por el Gobierno regional en este proceso.

El Gobierno regional subraya la importancia de esclarecer los hechos ante una aparente violación del ordenamiento jurídico, con repercusiones mediáticas y sociales significativas. Se cuestiona la idoneidad del aeropuerto como centro de acogida de inmigrantes, citando incompatibilidades con el plan director de la instalación.

Se considera crucial verificar las actuaciones en el aeropuerto para confirmar o descartar posibles infracciones urbanísticas, que podrían resultar en sanciones como la inhabilitación para actividades urbanísticas relevantes o la demolición de construcciones ilegales.

El Gobierno autonómico defiende su derecho a inspeccionar el aeropuerto en el ejercicio de sus competencias exclusivas, y señala que un supuesto acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España no eximiría de posibles infracciones legales.