CUENCA, 5 de marzo. La Junta de Castilla-La Mancha se encuentra trabajando en una nueva regulación que tiene como objetivo abordar la problemática de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, hizo este anuncio reciente en una rueda de prensa en Cuenca.

En respuesta a las críticas del grupo Pueblos Vivos sobre la reactivación de macrogranjas, Gómez dejó claro que no comparte la conexión que se establece entre la presencia de nitratos y la actividad de estas explotaciones. Argumentó que, según la información recabada por su departamento, la mayor parte de la contaminación, a diferencia de lo que algunos sostienen, se debe al uso de fertilizantes inorgánicos que contienen altos niveles de nitrógeno, y no a la utilización de purines.

La consejera subrayó que tanto los agricultores como los ganaderos tienen un interés genuino en la creación de una normativa que les permita optimizar sus prácticas agrícolas. A través de esta nueva legislación, el Gobierno pretende facilitar a los productores la adopción de buenas prácticas agrarias en aquellas áreas afectadas por nitratos.

Gómez anticipó que para finales de marzo se presentará un mapa actualizado de las zonas vulnerables y un decreto que incluirá medidas complementarias para abordar la situación.

La consejera también recordó que, como consecuencia de la moratoria aplicada en su momento, un total de 62 proyectos de microgranjas se detuvieron, 22 de ellos en la provincia de Cuenca. Con el levantamiento de esta moratoria, se ha procedido a notificar a los ayuntamientos y promotores para verificar si desean continuar con sus proyectos, ahora bajo nuevos requisitos, y si los municipios están aún dispuestos a permitir estas instalaciones.

Gómez indicó que están recibiendo respuestas variopintas y advirtió que el proceso será largo. Defendió el trabajo que el Gobierno regional ha hecho desde la moratoria, el cual se centra en mejorar la evaluación ambiental y los requisitos necesarios para este tipo de explotaciones masivas.

En términos de avances, mencionó la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que brinda a los ayuntamientos la posibilidad de opinar sobre los proyectos que se presentan en su área y evaluar su viabilidad en función de sus necesidades y deseos. Recalcó que los informes presentados por los municipios son vinculantes, lo que significa que si un ayuntamiento decide en su pleno que no se permita la instalación de un tipo específico de explotación, el proyecto no será evaluado.