El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha expresado su optimismo respecto a que el nuevo Estatuto autonómico sea considerado por el Congreso antes de que finalice el año. Este texto, que se espera obtener la aprobación del Parlamento castellanomanchego en su sesión del jueves, es resultado de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la comunidad, lo que parece augurar un respaldo similar en las instancias nacionales para su aprobación definitiva, prevista para 2026.

En una reciente conversación con Radio Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro destacó la importancia de esta norma, que considera un legado para las generaciones futuras y un "hito histórico" para la comunidad autónoma. Subrayó la relevancia de avanzar en este proceso legislativo en un contexto de colaboración y diálogo con la oposición, un ambiente que califica como "normalidad institucional", crucial para alcanzar consensos y elaborar un texto participativo que involucre a la sociedad civil.

El vicepresidente hizo hincapié en que el avance del Estatuto dependerá de la dinámica del Congreso, la cual no resulta sencilla. Sin embargo, se mostró convencido de que, con el respaldo de los dos grandes partidos, no debería haber obstáculos significativos para su tramitación. "Sería inexplicable que el PP apoyara este texto en Castilla-La Mancha y luego se oponga a nivel nacional", afirmó, resaltando la voluntad de consenso que ha caracterizado el proceso.

Este nuevo Estatuto ha sido diseñado con un enfoque inclusivo, evitando cualquier tipo de controversia que pudiera entorpecer su avance, a diferencia de una experiencia similar fallida del pasado. Al ser cuestionado sobre cómo un posible adelanto electoral a nivel nacional podría afectar esta tramitación, Martínez Guijarro reconoció que esto podría provocar un retraso de entre seis y ocho meses, algo que consideró negativo.

Entre los aspectos destacados del nuevo Estatuto mencionados por Martínez Guijarro se incluyen la gestión del agua, la regulación de los aforamientos y la posibilidad de establecer una Agencia Tributaria propia, todo ello enmarcado en un esfuerzo por defender y valorar las zonas rurales dentro del texto legislativo.