Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han decidido tomar las calles de España el próximo domingo 2 de febrero para exigir a las agrupaciones políticas la aprobación inmediata de la revalorización de las pensiones que beneficia a más de 10 millones de jubilados. Esta movilización surge en respuesta al uso considerado "oportunista" de la protección social por parte de las formaciones políticas, que casi llevó a la caída del primer decreto denominado 'ómnibus', poniendo en riesgo medidas esenciales como la actualización de pensiones y las ayudas al transporte.

En Castilla-La Mancha, las protestas se llevarán a cabo en varias ciudades clave. En Albacete, se reunirán en la Plaza del Altozano; en Ciudad Real, en la Plaza de la Constitución; en Cuenca, en la Plaza de España; en Guadalajara, en la Plaza Mayor; y en Toledo, en la Plaza de Zocodover. Con el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, encabezarán una concentración en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid a las 12:00, donde insistirán en que los grupos parlamentarios cumplan con su compromiso de aprobar el nuevo real decreto ley “sin más dilaciones”, dado que su contenido requiere la validación del Congreso de los Diputados.

Además de las movilizaciones en Madrid, los sindicatos han convocado concentraciones en todas las comunidades autónomas de España. Su principal objetivo es reclamar a los grupos parlamentarios que atiendan las necesidades de la ciudadanía y que se abstengan de utilizar sus derechos como una moneda de cambio en la arena política.

En un manifiesto conjunto, CCOO y UGT justifican esta movilización al afirmar que el Parlamento debería estar "al servicio de la gente" y no sometido a "estrategias de corto alcance" que solo conducen al desprestigio de los actores involucrados, además de tener efectos adversos sobre las instituciones democráticas. Estas organizaciones sindicales resaltan que la no convalidación del primer decreto 'ómnibus' puso en una situación de riesgo a más de 10 millones de pensionistas y a numerosas personas que dependen de diversos programas sociales, incluyendo 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Desde CCOO y UGT también han expresado su descontento respecto a que los derechos de los ciudadanos sean puestos en juego en una lucha política frágil y artificial, donde el debate se centra en la presentación conjunta o separada de medidas legislativas. Sostienen que esta discusión es meramente una excusa para desestabilizar al Gobierno. Unai Sordo ha advertido recientemente que los sindicatos y el tejido asociativo estarán "vigilantes" sobre las legislaciones que se tramiten a partir de ahora en el Congreso.

Por su parte, Pepe Álvarez ha indicado que la movilización busca dar una clara señal de alerta y enfatizar que las medidas planteadas en el decreto 'ómnibus' no responden a las crecientes necesidades de la sociedad española. A pesar de que un nuevo decreto 'ómnibus' ha sido finalmente aprobado, el cual se negoció con Junts y que el Partido Popular (PP) parece estar dispuesto a respaldar, los sindicatos han reiterado su intención de salir a la calle para exigir "responsabilidad y compromiso".

Con estas acciones, CCOO y UGT buscan garantizar que nunca más se ponga en peligro la red de protección social que avala a la gran mayoría de la población en este país. También plantean que el Gobierno cumpla con su compromiso de reducir la jornada laboral a 37,5 horas mediante ley, teniendo en cuenta la falta de presupuestos generales para 2025, lo que amenazaría la implementación de diversas políticas públicas.

Asimismo, respecto al tema de las pensiones, ambos sindicatos han reafirmado la importancia de respetar la sostenibilidad de las mismas y de asegurar la estabilidad del sistema público. Esto incluye acordar medidas como una cuota de solidaridad para salarios muy altos y fortalecer el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En sus declaraciones, han señalado que, aunque algunos partidos apoyan la revalorización, también rechazan las fuentes de ingresos que hacen posible dicha revalorización, lo que podría poner en riesgo el sistema y allanar el camino hacia una posible privatización.