BARCELONA/GUADALAJARA, 6 de noviembre. En un hito significativo, la Fiscalía ha logrado, por primera vez en España, el cierre de sitios web que promocionaban la gestación subrogada, una actividad que se encuentra prohibida en el país. Así lo comentó Paloma Pelegrín, fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, durante una conferencia de prensa el jueves.

El origen de esta acción se remonta a una denuncia presentada en 2024 por una asociación feminista en Vigo, Galicia. Este informe fue enviado tanto a las fiscalías de Barcelona como de Madrid e incluía una lista de diversas empresas, abogados e instituciones que al parecer ofrecían asesoría y servicios relacionados con la gestación subrogada.

A pesar de que, en un principio, el caso no se consideró penal, ya que no había constancia de gestaciones en curso, se determinó que existía publicidad ilegal. Esto se debe a que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida prohíbe la gestación subrogada y la Ley Orgánica 1/2023 regula la salud sexual y reproductiva, prohibiendo la publicidad de agencias de intermediación en este ámbito.

La investigación reveló que algunas de estas entidades estaban llevando a cabo una «publicidad descarada» de la gestación subrogada desde sus oficinas en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otras ciudades, lo que implicaba una cosificación tanto de las mujeres como de los bebés involucrados.

En la Fiscalía de Barcelona, se optó por la mediación como método de resolución de conflictos, lo que llevó a que dos de las empresas investigadas respondieran positivamente, retirando su publicidad y permitiendo el archivo de los casos.

Por otro lado, en Madrid, la Fiscalía presentó dos demandas; una de ellas resultó en una sentencia condenatoria, mientras que la segunda aún está pendiente de resolución. En el primer caso, la Fiscalía de Madrid obtuvo una orden del Juzgado de lo Mercantil 12 para imponer medidas cautelares y cerrar la página web, así como las cuentas en redes sociales de una empresa que promocionaba la gestación subrogada mientras se aguardaba el juicio.

Más adelante, el tribunal admitió parcialmente la demanda del Ministerio Fiscal, considerando que la publicidad en cuestión era «ilícita y desleal», condenando a la empresa a cesar sus actividades publicitarias y a difundir la sentencia en sus plataformas digitales, según un auto al que tuvo acceso Europa Press.

Sin embargo, los representantes de la Fiscalía han expresado su preocupación por la proliferación de un gran número de páginas internacionales que siguen promoviendo esta práctica ilegal a través de sus sucursales en España. Por ello, tanto las fiscalías de Barcelona como de Madrid han solicitado a las Administraciones Públicas que implementen el bloqueo de estas páginas.

Para lograrlo, la Fiscalía de Madrid envió una comunicación al Instituto de las Mujeres, que mostró disposición para colaborar. Además, se pidió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que procediera a bloquear el acceso, aunque esta indicó que no cuenta con la autoridad para hacerlo y que cualquier acción debe ser gestionada a través de instancias judiciales, para evitar posibles conflictos con el derecho a la libertad de expresión.