En la Audiencia Provincial de Ciudad Real se ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del acusado de liderar un grupo criminal que blanqueaba dinero procedente de la venta de drogas en Puertollano. El acusado ha aceptado una pena de prisión de tres años y tres meses, así como el pago de una indemnización de 120.000 euros.

En un principio, la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión por el delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, finalmente se le ha absuelto del segundo delito y se le ha rebajado la pena por blanqueo de capitales.

El fiscal del caso ha destacado que esta pena es la mínima por reconocimiento de los hechos y ha señalado que el acuerdo es satisfactorio para ambas partes. Según la defensa, se ha reconocido que el acusado era consumidor habitual de cocaína, lo cual lo llevó a cometer actos delictivos.

El abogado de la defensa ha mencionado que solicitarán la suspensión de la pena de prisión bajo el artículo 80.5 del Código Penal debido a que el acusado debe continuar con un tratamiento de deshabituación de la cocaína. No obstante, se esperarán los informes de Proyecto Hombre antes de tomar una decisión final.

El acusado, junto con su esposa y otras 37 personas, fue detenido en el año 2016 en el marco de la 'Operación Carbonell'. Durante la operación se incautaron diversas cantidades de drogas y dinero en efectivo. El acusado era uno de los últimos sospechosos que quedaba por juzgar, ya que no se presentó a la apertura del juicio oral a principios de este año.

Aún queda por juzgar a una mujer de nacionalidad paraguaya que, en el momento de la detención, era pareja sentimental del acusado y actualmente se encuentra en busca y captura.

Según la Fiscalía, la pareja formada por el acusado y la mujer paraguaya llevaba un alto nivel de vida que no se correspondía con ninguna actividad laboral, sino con los beneficios obtenidos de la venta de drogas. La pareja lideraba un grupo dedicado a la adquisición, preparación, venta y distribución de droga de Paraguay en la localidad de Puertollano.

Utilizaban envíos de dinero a Paraguay para pagar la droga y blanquear el dinero obtenido. También adquirían vehículos y bienes inmuebles utilizando a otras personas como testaferros para ocultar la procedencia ilícita del dinero.