Un exitoso operativo policial ha conseguido rescatar a 21 mujeres, la mayoría de ellas procedentes de países latinoamericanos, que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución en pisos de diversas provincias españolas. La acción ha culminado con la detención de nueve implicados, incluido uno en Burgos.

Las víctimas eran reclutadas en sus países de origen y trasladadas a España, donde eran obligadas a prostituirse para saldar una deuda de 7.000 euros con sus explotadores. Algunas de estas mujeres incluso fueron vendidas a otros grupos criminales por sumas cercanas a los 1.000 euros.

La investigación, liderada por la Policía Nacional con la colaboración de Europol, se ha llevado a cabo en varias provincias de España, con registros en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla. La mayoría de las detenciones se realizaron en Galicia, con cinco en Ourense, uno en A Coruña, y otras en Burgos, Cuenca y Madrid.

El caso se inició a raíz de una alerta sobre una presunta víctima de trata que había sido captada en su lugar de origen y llevada a España para ser explotada sexualmente. Las autoridades lograron identificar a la víctima y desmantelar la red que operaba en varios puntos del país.

Las mujeres se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo explotadas en pisos que funcionaban como burdeles. Los explotadores les proporcionaban alojamiento, seguro médico y boletos de avión de vuelta para aparentar ante las autoridades que eran turistas en España.

Además, las mujeres recibían instrucciones detalladas sobre cómo actuar en la frontera para evitar levantar sospechas, antes de ser trasladadas a los pisos donde eran obligadas a atender a los clientes durante todo el día, recibiendo solo la mitad de los pagos efectuados por estos.

La Policía Nacional también ha descubierto que la red vendía a las mujeres a otros grupos dedicados a la explotación sexual por cifras que rondaban los 1.000 euros. Los detenidos se enfrentan a cargos por trata de seres humanos, prostitución forzada, integración en grupo criminal y facilitación de la inmigración ilegal.

En los registros realizados en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla se han confiscado ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y documentación relevante para la investigación.