CUENCA, 12 de marzo. La sala de justicia en Cuenca ha decidido suspender el proceso judicial contra J.S.S., quien enfrenta graves acusaciones de agresión sexual y acoso hacia su expareja. Esta decisión fue solicitada por la defensa del acusado, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

Este es el segundo aplazamiento que sufre el juicio, que originalmente estaba programado para julio de 2024. J.S.S. se enfrenta a una dura condena de doce años de prisión si se confirman los cargos en su contra.

El escrito de acusación de la fiscalía detalla que el acusado sostuvo una relación sentimental con la denunciante desde marzo de 2017 hasta enero de 2018, un lapso en el que la relación fue interrumpida en varias ocasiones.

Según se relata, durante las fiestas navideñas de 2017, ambos se encontraban en el domicilio del imputado cuando este presuntamente exigió tener relaciones sexuales. La mujer se opuso, expresando que no deseaba participar en ese acto, pero el acusado, en una actitud violenta, la tomó por la fuerza, logrando llevar a cabo una penetración anal sin su consentimiento, como así lo expone la acusación, destacando que no se reportaron lesiones físicas.

Posteriormente, entre enero y abril de 2018, tras finalizar su relación, el acusado no aceptó la ruptura y mantuvo un acoso insistente, contactándola repetidamente por teléfono y manifestándole en algunas ocasiones su deseo de quitarse la vida. A pesar de que la mujer cambió de número, él continuó su hostigamiento, llegando incluso a perseguirla por diferentes lugares de Cuenca, lo que llevó a la joven a reportar la situación a las autoridades.

Los actos descritos podrían ser considerados bajo las tipificaciones de delito de agresión sexual, conforme a los artículos 178 y 179 del Código Penal vigente al momento de la comisión de los hechos, y también un delito de acoso según el artículo 172 del mismo código. Por estas acusaciones, se solicita una condena de diez años de prisión por el primero de los delitos y dos años por el segundo. Asimismo, la fiscalía ha propuesto que se imponga una orden de alejamiento que podría extenderse hasta por catorce años y una compensación económica de 5.000 euros por los daños morales sufridos por la víctima.