El Parlamento de Castilla-La Mancha pide un decreto de acogimiento familiar con financiación suficiente
La Asociación Familias de Acogida de Castilla-La Mancha ha solicitado al Parlamento regional un decreto de acogimiento familiar más audaz y con recursos económicos adecuados. La petición se basa en la necesidad de mecanismos participativos y un respaldo presupuestario real, ante las crecientes demandas sociales en protección infantil.
El contexto político en Castilla-La Mancha ha estado marcado por el compromiso de la Junta de Comunidades con la protección de la infancia, aunque las cifras recientes indican que el número de menores en acogimiento ha aumentado en el último año, superando los 590 niños. La administración ha reconocido que la inversión en este ámbito, de más de cinco millones de euros en 2022, debe incrementarse para mejorar los recursos y el apoyo a las familias acogedoras.
Las implicaciones de esta demanda apuntan a una reforma que refuerce la coordinación interinstitucional y garantice una participación activa de las familias en la toma de decisiones. La falta de recursos y la burocracia excesiva afectan la continuidad del vínculo afectivo y la seguridad de los menores, aspectos esenciales en su desarrollo.
Desde la perspectiva política, el gobierno regional se encuentra en un momento clave para consolidar un marco legislativo que refleje las necesidades reales del sistema de protección infantil. La reciente inversión y la elaboración de manuales homologados en las cinco provincias indican una voluntad de mejorar, aunque aún existe un camino por recorrer en términos de apoyo y formación para las familias de acogida.
El futuro del sistema de acogimiento en Castilla-La Mancha dependerá de la capacidad de las instituciones para implementar cambios estructurales. La sensibilización social y la dotación de recursos adecuados serán determinantes para transformar la protección infantil en una realidad tangible, más allá de las declaraciones y buenas intenciones.
En un contexto de creciente demanda social y reconocimiento del valor de las familias de acogida, la región tiene la oportunidad de fortalecer su sistema de protección, estableciendo un modelo sostenible y centrado en el bienestar de los menores. La colaboración multisectorial será clave para avanzar hacia un entorno más justo y afectivo para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.