El próximo 29 de julio podría darse la reunión del Observatorio regional de aranceles, un evento clave para las empresas de Castilla-La Mancha que enfrentan serias dificultades ante la inminente amenaza de Donald Trump de implementar nuevos aranceles a productos provenientes de la Unión Europea.

La situación se torna crítica debido a la inseguridad y la paralización de pedidos, generando un ambiente de incertidumbre que afecta a los empresarios de la región. Se estima que los aranceles podrían fijarse en un 15 por ciento, tras un acuerdo entre las partes involucradas, lo que ha incrementado la inquietud entre los exportadores.

Fernando del Cubo, jefe del Servicio del ICEX en Castilla-La Mancha, y José Javier Fernández, representante del Departamento Económico y Financiero de Cecam, expresaron sus preocupaciones durante una reunión con la delegada del Gobierno, Milagros Tolón. Ambos señalaron que las empresas desean poner fin a la incertidumbre que rodea a sus exportaciones a Estados Unidos, enfatizando que no tienen claridad sobre los precios que enfrentarán al momento de llegada a la aduana.

Del Cubo manifestó que en ocasiones los propios inspectores de la aduana estadounidense se encuentran en la oscuridad respecto a qué derechos arancelarios aplicar, lo cual añade una capa más de complejidad a la situación. Por su parte, Fernández puso de manifiesto que los pedidos se encuentran estancados, lo que imposibilita evaluar adecuadamente el impacto económico de esta crisis.

El peor escenario, según Fernández, sería una extensión de la incertidumbre actual, lo que podría paralizar completamente las operaciones comerciales. Tolón, por su parte, hizo énfasis en la necesidad de cautela, aunque dejó entrever que hay optimismo debido a las "buenas vibraciones" que rodean la posible reunión del Observatorio.

En medio de la creciente preocupación por una nueva serie de aranceles programados para entrar en vigor el 1 de agosto, el Gobierno de España está proponiendo una respuesta coordinada desde la Unión Europea, explorando opciones de negociación que puedan detener estas medidas y proporcionando apoyo a las empresas afectadas.

A pesar del desalentador contexto internacional, las proyecciones para el comercio exterior en Castilla-La Mancha siguen siendo alentadoras, con estimaciones que apuntan a que las exportaciones podrían alcanzar los 11.380 millones de euros para 2025, lo que representaría un incremento del 6,4 por ciento.

La delegada del Gobierno resaltó la importancia de la colaboración entre administraciones, sindicatos, y el ámbito empresarial para enfrentar esta situación, mencionando las medidas implementadas por el Gobierno para fomentar la economía regional.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Fernández, junto a otros representantes de la comunidad empresarial y sindical también asistieron a la reunión. Javier Ortega, secretario regional de CCOO, enfatizó que no serán los trabajadores quienes carguen con el peso de las crisis derivadas de estos aranceles y que las medidas que se implementen deben priorizar la protección del empleo.

Lola Alcónez, secretaria regional de UGT, subrayó la necesidad de establecer políticas que aseguren que tanto trabajadores como empresas no sufran las consecuencias de las decisiones arbitrarias del gobierno estadounidense sobre aranceles, subrayando que aunque un 15% podría no resultar devastador, es crucial mantenerse alerta sobre los posibles efectos finales.