ALBACETE, 11 de mayo.

La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y más de 200.000 euros en penalizaciones para siete individuos acusados de haber formado una organización criminal dedicada al cultivo y la venta de cannabis en varias localidades de Hellín, Murcia y Alicante. El juicio se llevará a cabo este próximo lunes, 12 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete.

Los hechos objeto de la acusación se remontan a al menos el 12 de febrero de 2020, según información recogida por Europa Press. En esa fecha, los siete imputados se congregaron con el objetivo de establecer cultivos intensivos de cannabis que iban a ser vendidos en Hellín y en las provincias de Murcia y Alicante. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, alquilaron varias propiedades bajo nombres falsos, las cuales acondicionaron con sofisticadas instalaciones de iluminación, agua, refrigeración y ventilación que mantenían bajo estricta vigilancia.

Durante una operación de registro realizada por el Cuerpo Nacional de Policía, se hallaron en una nave industrial en Hellín 1.469 plantas de marihuana, que eran mantenidas por más de 300 lámparas halógenas, 72 ventiladores y 30 sistemas de filtración, todo conectado a la red eléctrica de forma ilegal. Esta conexión no autorizada provocó un perjuicio económico a la compañía eléctrica que se estima en más de 65.000 euros.

Investigaciones adicionales revelaron la existencia de plantaciones similares y un centro de almacenamiento en localidades murcianas como La Azacaya, La Seca y Archena, así como en Orihuela, en la provincia de Alicante. En total, las autoridades incautaron alrededor de 6.000 plantas y casi 16.000 gramos de marihuana, con un valor de mercado ilícito superior a los 80.000 euros.

Los acusados, provenientes de Francia y Bélgica, podrían enfrentarse a varias penas: cinco meses de prisión por ser parte de un grupo criminal, tres años y nueve meses adicionales por delitos contra la salud pública, y seis meses de multa por defraudación de fluido eléctrico, con una cuota diaria de 12 euros. Asimismo, se les ha requerido el pago de una multa que asciende a 150.000 euros, además de una indemnización a la compañía eléctrica que supera los 65.000 euros.