En Ciudad Real, la situación de agresiones hacia el personal sanitario ha alcanzado un punto crítico, con más de una treintena de profesionales de la salud exigiendo acciones contundentes ante este alarmante fenómeno. Este martes, convocados por el sindicato CSIF, los trabajadores se manifestaron frente a la Subdelegación del Gobierno, exigiendo un alto a la violencia que sufren en sus puestos de trabajo.

La responsable de Sanidad del CSIF en la región, Ana Isabel Fernández, expuso su preocupación por las recientes tres agresiones reportadas en la última semana, señalando que cada vez son más los trabajadores que llegan a sus labores con temor por su seguridad. Según Fernández, la cultura de la agresión está normalizándose, especialmente en su forma verbal, lo que lleva a que muchos incidentes no sean siquiera denunciados.

En 2024, se registraron 384 incidentes de agresiones en Castilla-La Mancha, aunque se estima que el número real podría ser aún mayor, ya que muchos ataques no se informan oficialmente. Fernández atribuye parte de esta problemática a la frustración de los pacientes ante largas listas de espera, recordando que el personal de salud maneja agendas saturadas para atender a todos.

El sindicato ha hecho un llamado a la Administración para implementar medidas de seguridad efectivas en los centros sanitarios, tales como la instalación de vigilantes de seguridad, cámaras de vigilancia y sistemas de alerta vinculados a las fuerzas de seguridad. Destacaron la reciente decisión de retirar a un vigilante del Centro de Salud II de Tomelloso, un centro señalado como conflictivo, que había demostrado su eficacia al reducir las amenazas.

Fernández también instó a que las repercusiones legales por estas agresiones se endurezcan, para que quienes cometen tales actos no salgan impunes. Defendió que la solución no debería ser trasladar a los profesionales agredidos, sino vetar el acceso a los agresores.

Alberto Rosales, enfermero y delegado sindical en Alcázar de San Juan, enfatizó la urgencia de abrir un debate social y político sobre este asunto, comparando la falta de recursos frente a la violencia en el ámbito sanitario con la historia de inacción ante la violencia de género. Afirmó que el Gobierno, al no proporcionar medidas concretas como la vigilancia en los denominados "centros calientes", está actuando como cómplice en estas agresiones por omisión.

Rosales recordó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula que se debe garantizar la seguridad de los trabajadores, y la falta de acción se traduce en una "doble agresión" para los profesionales. Por ello, reclamó que los próximos Presupuestos de Castilla-La Mancha incluyan un presupuesto específico para fortalecer la seguridad en aquellos centros de salud con mayor incidencia en agresiones.