TOLEDO, 8 de septiembre. En un reciente comunicado, la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha abordado el asunto del trasvase Tajo-Segura, destacando la necesidad de establecer un conjunto de normas de explotación que ofrezcan estabilidad y previsibilidad en este proceso. En su análisis, enfatizan que se debe evitar depender de "situaciones excepcionales" en materia hídrica, aun si esto implica que los trasvases sean menos cuantiosos en términos numéricos.

Según la Cátedra, un sistema que pase la mitad de su tiempo en crisis no es beneficioso para nadie. Insisten en que "no se trata de prometer más agua de la que realmente hay, sino de gestionar adecuadamente los recursos disponibles". Esta postura cuestiona los enfoques cortoplacistas que han caracterizado el debate sobre el agua en la región.

El trasvase Tajo-Segura se ha convertido en uno de los temas más candentes en la política hidráulica del país. De forma periódica, este tema resurge en el ámbito público, generalmente centrándose en estadísticas específicas, como la cantidad de hectómetros cúbicos a trasvasar o los límites establecidos para dichos trasvases.

No obstante, la Cátedra advierte que a menudo se ignora un aspecto fundamental en este debate: "la disponibilidad de agua en la cabecera del Tajo se determina por las aportaciones a los embalses, no por nuestros deseos". Es decir, la cantidad de agua que puede ser trasvasada está condicionada por la oferta real del sistema hídrico.

En el contexto de una inminente revisión de las reglas de explotación del ATS, la Cátedra ha decidido reflexionar sobre el manejo de esta infraestructura. En su evaluación, han revelado datos históricos significativos sobre los embalses de Entrepeñas y Buendía: mientras que entre 1958 y 1980 recibían una media de 1.437 hm3 anuales, en las últimas décadas esta cifra ha caído drásticamente, alcanzando solo 692 hm3 por año desde 2009.

El análisis muestra que la capacidad de almacenamiento de agua no ha cambiado. Sin embargo, las estrategias de explotación implementadas han forzado a los embalses a funcionar a niveles bajos para minimizar la evaporación, en un intento de maximizar el promedio de trasvases. "A largo plazo, esta estrategia ha resultado contraproducente, generando una mayor irregularidad en los trasvases y prolongando periodos de excepcionalidad", apuntan.

En un escenario de disminución de aportaciones hídricas, mantener los embalses deliberadamente vacíos ha obstaculizado su rol natural como reguladores del agua. Este hecho ha tenido consecuencias palpables: con las normas de 1997, el sistema operó en situación de excepcionalidad un 24% del tiempo; con las nuevas normativas de 2014, este porcentaje aumentó al 65%, evidenciando un cambio en la normalidad del funcionamiento del sistema.

En conclusión, la Cátedra del Tajo propone que la discusión no debería centrarse únicamente en si el umbral de no trasvase debe establecerse en 400 o 500 hm3, sino en reconocer que las condiciones hidrológicas han cambiado y que se debe gestionar el agua conforme a esta nueva realidad. Según sus cálculos, con las actuales aportaciones de 692 hm3 por año, sería técnicamente sostenible liberar unos 600 hm3, de los cuales 480 están destinados a cubrir las necesidades del propio Tajo y caudales ecológicos, dejando apenas 120 hm3 disponibles para trasvases.