En los próximos tres años, las comunidades autónomas de España podrían enfrentar un aumento significativo en su deuda pública, que podría alcanzar los 13.708 millones de euros. Esta cifra ha sido revelada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en medio del actual debate sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para gestionar el déficit autonómico.

Según las proyecciones de Fedea, para finales de 2028, la deuda pública acumulada de las comunidades autónomas ascenderá a 362.944 millones de euros, un incremento notable de 13.700 millones en comparación con las previsiones de 2025.

Es fundamental recordar que la deuda pública refleja el déficit de cada una de las administraciones autonómicas. En este contexto, el Gobierno ha planteado la posibilidad de condonar la deuda que tienen las comunidades con el Estado, así como hacerse cargo de un porcentaje del déficit que afecta a aquellas que no presentan deudas con el mismo.

Los cálculos elaborados por Fedea muestran una tendencia creciente en la deuda pública autonómica. Se estima que en 2025 alcanzará 349.236 millones de euros, aumentando a 353.673 millones en 2026 y a 360.098 millones en 2027, hasta llegar a los mencionados 362.944 millones en 2028.

El análisis sugiere que entre 2025 y 2028, la deuda pública de las comunidades autónomas experimentará un incremento superior a los 13.700 millones de euros.

La propuesta del Ministerio de Hacienda incluye la asunción de hasta 83.252 millones de euros de deuda por parte de comunidades autónomas bajo el régimen común. Esta medida fue aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a pesar de la oposición mostrada por el Partido Popular en este contexto.

La iniciativa de Hacienda para la condonación de deuda surgió tras un acuerdo entre el PSOE y ERC, que permitió la investidura de Pedro Sánchez y contempló una reducción del déficit para Cataluña. Posteriormente, se sugirió que una medida similar se extendería a otras comunidades autónomas.

Sin embargo, hay que destacar que esta propuesta aún necesita concretarse en una ley orgánica que debe recibir la aprobación de las Cortes Generales, un proceso que todavía no ha comenzado y que carece de un calendario claro.

A pesar de las críticas vertidas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP respecto a la condonación de deuda, el Gobierno se mantiene optimista, creyendo que, en caso de que se apruebe, estas comunidades también se verán beneficiadas.