Un escándalo de estafas en línea ha salido a la luz, el cual involucra a una mujer de Toledo que, según informes de la Ertzaintza, ha sido identificada como la presunta autora de estafar a un grupo de personas mediante un anuncio engañoso de alquiler vacacional en Gandía, Valencia. Este incidente ha afectado a un total de 20 víctimas, entre las que se incluye una persona del territorio de Bizkaia.

A través de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, se ha revelado que la investigación ha sido liderada por un equipo especializado de la Guardia Civil en Bizkaia, en el marco de una operación bautizada como "Vacation Ludus".

Los acontecimientos comenzaron a mediados de marzo de 2023, cuando agentes de la Guardia Civil en Bizkaia se enteraron de que una persona originaria de la región había presentado una denuncia en Gandía, acusando a alguien de cometer un delito de estafa. Esta persona había realizado una reserva de un apartamento a través de internet, siguiendo la información de un anuncio, y hizo el ingreso correspondiente a una cuenta proporcionada por la supuesta estafadora.

El infortunado denunciante se encontró con una amarga sorpresa al llegar a la localidad, ya que el alojamiento prometido no estaba disponible. El afectado expresó que esta situación le había causado un "grave perjuicio", no solo en términos económicos, sino también en su bienestar personal, pues tuvo que encontrar un nuevo lugar donde hospedarse en pleno apogeo de la temporada turística.

Las autoridades, al investigar el caso, descubrieron que no era el único afectado. Los agentes identificaron al propietario del número de teléfono asociado con las transacciones y comenzaron a rastrear los movimientos económicos relacionados, lo que les llevó a la conclusión de que era probable que existieran más víctimas, dado el perfil de este tipo de delito. Un examen más detallado de las cuentas bancarias reveló múltiples pagos que coincidían con el de la denuncia inicial, mientras que también notaron que la cuenta en cuestión había estado activa durante más de siete meses, periodo en el que se presumen que ocurrieron las estafas.

Los investigadores se pusieron en contacto con otros individuos que habían realizado pagos a la misma cuenta, hallando víctimas en diversas localidades, incluyendo Huelva, Badajoz, Ourense, Ciudad Real, Alicante y comunidades como Madrid y Cantabria.

La complejidad de la investigación llevó a los agentes a utilizar técnicas de "ingeniería inversa", permitiéndoles determinar que el titular de la cuenta bancaria y del número relacionado con las estafas era, en realidad, otra víctima de la mujer de Toledo, que había utilizado sus datos personales para abrir la cuenta y así encubrir su actividad delictiva.

Finalmente, gracias a una labor meticulosa, los guardias civiles pudieron identificar a la verdadera autora del fraude, quien contaba con antecedentes por delitos similares. Localizaron su residencia en la provincia de Toledo y se le han imputado cargos de estafa continuada y blanqueo de capitales, lo que pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante frente a este tipo de fraudes que afectan a ciudadanos honestos.