El 2 de octubre en Madrid y Toledo, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha abordado la reciente detención de un vicario de Toledo en Torremolinos y de otro sacerdote en Don Benito. Ambos casos, que involucran delitos relacionados con drogas, fueron calificados de "hechos aislados" por el secretario general, quien expresó una profunda preocupación por el impacto que estos eventos tienen en la comunidad.

El vicario, García Magán, subrayó lo lamentable de la situación, señalando que afecta a toda la comunidad eclesiástica. Además, ofreció sus disculpas por el escándalo, reflexionando sobre la importancia de mantener una imagen íntegra de la iglesia frente a estos episodios negativos.

En relación a otros temas, el portavoz se pronunció sobre dos sacerdotes que enfrentan un juicio por delitos de odio. Afirmó que corresponde a los jueces determinar si su derecho a la libertad de expresión ha sobrepasado los límites legales establecidos. Se trató así una cuestión delicada que podría tener implicaciones importantes en el discurso público.

Respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el maltrato a personas mayores, García Magán reiteró el compromiso de la Iglesia con la dignidad de la vida en todas sus etapas, manifestando su firme oposición a la eutanasia. Destacó que es fundamental denunciar cualquier forma de maltrato físico o psicológico en residencias y familias, enfatizando que una sociedad que no cuida a sus mayores tiene un serio problema de gratitud.

Además, el líder religioso aseguró que las acciones de la Iglesia en apoyo a mujeres que han abortado confirman la existencia del llamado "síndrome post-aborto". García Magán definió el aborto como un ataque a la vida humana, y compartió su experiencia personal sobre el dolor que puede provocar en las mujeres, sugiriendo que en lugar de facilitar el aborto, se debe ofrecer apoyo a las mujeres en momentos de crisis.

Este tema se volvió aún más relevante tras la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, de informar a las mujeres que contemplan el aborto. A pesar de las opiniones divididas sobre el síndrome, el alcalde aclaró que la información que se brindará será elaborada por profesionales del Ayuntamiento, reafirmando así la necesidad de un enfoque equilibrado en estas cuestiones.

García Magán subrayó que toda mujer que experimenta un embarazo es consciente de la existencia de una vida en su interior, y planteó el gran debate sobre si se reconoce o no la vida humana en las primeras semanas de gestación. Para él, la Iglesia mantiene que esa vida debe ser defendida y protegida.

Frente a las cifras alarmantes de abortos en España—más de 100.000 en 2023—reiteró la necesidad de ayudar a las mujeres en situaciones difíciles. Propuso que el objetivo debe ser ofrecer alternativas y soporte a aquellas que sienten que el aborto es su única salida.

Cambiando de tema, al ser consultado sobre las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales vinculadas a la Iglesia, García Magán expresó satisfacción por el funcionamiento del Plan PRIVA, que ha compensado a 39 víctimas con cantidades que varían dependiendo del caso. Aclaró que la comisión establece indemnizaciones de manera independiente, sin rendir cuentas a la CEE o a otras organizaciones religiosas.

Por último, en relación a la situación de los más de 4.000 residentes en la Cañada Real Galiana, sin acceso a la luz durante cinco años, el portavoz destacó la importancia de asegurar que todos tengan acceso a una vivienda digna y servicios básicos, haciendo hincapié en que es un reflejo de la verdadera apuesta de la Iglesia por la vida.

En los asuntos abordados durante la reunión de la Comisión Permanente, los obispos también discutieron las futuras Líneas Pastorales de la CEE, la colaboración con otras confesiones cristianas, y la importancia de la educación en la misión de la Iglesia, entre otros temas, reafirmando su compromiso con el diálogo y la adaptación a los tiempos actuales.