Las principales organizaciones ecologistas nacionales se han pronunciado ante la situación que vive el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y hacen un llamado a la puesta en marcha de un marco de actuaciones prioritarias que permita abordar un cambio en la gestión de los acuíferos. Según los ecologistas, la falta de soluciones eficaces y la falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar esta problemática ha llevado al parque a una situación dramática.

En un comunicado, WWF ha informado que las principales organizaciones ecologistas han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) un documento con propuestas que incluye los elementos básicos y los pasos a seguir para lograr los objetivos de conservación del parque nacional establecidos en la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea.

Según los ecologistas, la situación hidrológica del parque está ocasionando uno de los mayores descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009. En la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional cuentan con agua y la fauna del humedal prácticamente ha desaparecido, lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.

Las organizaciones ecologistas recuerdan que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hectómetros cúbicos, cifras que son diez veces superiores en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor. Esto está provocando un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hectómetros cúbicos.

Por otro lado, a pesar de los 250 millones de euros invertidos desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, no se han logrado cambios estructurales profundos que permitan aportar agua subterránea al humedal. Según los ecologistas, se continúa gastando mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos.

Las organizaciones exigen un papel relevante y coherente del Gobierno de Castilla-La Mancha para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural. Igualmente reclaman la puesta en marcha de medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua.

Las organizaciones ecologistas han celebrado que se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales pero reclaman mayor contundencia y más recursos para terminar con la impunidad en el robo del agua. A su juicio, la Confederación del Guadiana debería reducir las dotaciones para el regadío mucho más de lo que ahora se hace en los Planes de Actuación de las Masas en riesgo de no alcanzar el buen estado.