La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra trabajando en la elaboración de un informe jurídico que le permita recurrir ante el Tribunal Constitucional un reciente real decreto ley. Este decreto, destinado a la distribución de menores migrantes no acompañados, recibió el visto bueno del Congreso de los Diputados el pasado jueves.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha expresado su preocupación durante un evento en el Heraldo de Aragón, indicando que su gobierno está en la etapa final de la redacción de dicho informe para poder presentar el recurso. Este reparto ha sido calificado por él como un "drama" y un "atropello lamentable".

García-Page ha manifestado su rechazo a la nueva normativa, considerándola una "barbaridad" que no resuelve adecuadamente la problemática de los menores migrantes. A su juicio, lo aprobado es una maniobra del Estado que impone a las comunidades autónomas una "solidaridad obligatoria". Afirmó que este concepto suena a "cachondeo", pues la verdadera solidaridad no puede ser obligada.

El presidente ha denunciado que se está estableciendo un sistema donde se exige a Castilla-La Mancha cumplir un cupo de acogida que no solo afecta a los menores de Canarias, sino también a los que resulten "sobresaturados" en otros puntos de España.

García-Page ha descrito el acuerdo como uno forjado en un ambiente de "inflamación dialéctica", señalando que la propuesta implica una redistribución continua de estos menores sin previo aviso a las autonomías y sin que el Estado aporte financiación, practicando una política de "yo invito y tú pagas".

El presidente ha subrayado que la cooperación en la redistribución de menores desde Canarias, y ocasionalmente desde Andalucía, siempre se había realizado mediante acuerdos previos. Resaltó que el verdadero problema no son los niños, sino aquellos que utilizan su situación para fines políticos.