TOLEDO, 6 de noviembre.

Carolina Agudo, secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha manifestado su enérgica oposición a lo que ha calificado como un "hachazo" a los servicios sociales por parte del gobierno autonómico del PSOE. Según Agudo, esta gestión está dañando gravemente los programas sociales que son esenciales para los ciudadanos de la región.

La líder del PP ha destacado que muchas de las iniciativas para ayudar a la población se están gestionando a nivel local, mientras que deberían ser responsabilidad del gobierno regional. Esta falta de apoyo ha dejado a los ayuntamientos en una posición precaria, obligándolos a financiar actividades que deberían recibir respaldo desde la administración autonómica.

Agudo reveló que hay municipios que solo reciben un apoyo de 200 euros para implementar programas destinados a las personas mayores, lo que considera insuficiente. “Se habla de envejecimiento activo, pero el Gobierno se limita a destinar cantidades irrisorias”, puntualizó.

En su crítica, la secretaria general del PP enfatizó que el gobierno regional parece ignorar la necesidad de asistencia, dejando a muchos ayuntamientos en una situación de vulnerabilidad ante la falta de recursos adecuados.

Además, Agudo acusó al gobierno de mostrar un sesgo en la distribución de los fondos, señalando que las comunidades gobernadas por el PP están sufriendo recortes más drásticos en comparación con las gobernadas por el PSOE.

El PP ha solicitado información sobre las asignaciones presupuestarias desde 2019, subrayando que allí donde gobierna su partido, el Ejecutivo de Emiliano García-Page parece tener la intención de socavar a las administraciones locales.

José Jaime Alonso, alcalde de Fuensalida, se ha sumado a las críticas, expresando su preocupación por cómo este recorte afecta a los mayores de su localidad. En Fuensalida, hay 500 usuarios semanales muy activos, y aunque el Ayuntamiento cubre los costes de operación, que rondan los 100.000 euros anuales, el Gobierno ha anunciado que solo aportará 5.000 euros, una cifra muy inferior a los 40.000 que se recibían anteriormente.

Por último, en el ámbito de programas específicos, el gobierno regional también ha recortado drásticamente lo que antes era una asignación de 40.000 euros anuales, ahora reducida a apenas 200 euros, un cambio que pone en grave riesgo la sostenibilidad de estos servicios vitales.