La Xunta de Galicia ha expresado su deseo de incluir la reforma del sistema de financiación autonómica en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes que se llevará a cabo en Barcelona.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 de mayo.

En una reciente reunión, los titulares de Hacienda de Galicia, Castilla-La Mancha y Valenciana han instado al Gobierno central a que inicie la reforma del modelo de financiación autonómica, al considerarlo obsoleto y poco operativo.

Los responsables de finanzas, Miguel Corgos por parte de Galicia, Juan Alfonso Ruiz Molina en el caso de Castilla-La Mancha y Ruth Merino de la Generalitat Valenciana, hicieron esta reclamación durante unas jornadas sobre la financiación de las comunidades autónomas. El evento fue organizado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España en la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante su intervención, Miguel Corgos solicitó al Gobierno central que asuma su responsabilidad y que busque un consenso para reformar un sistema de financiación que, según él, ha quedado obsoleto y no cumple con las necesidades actuales.

Corgos enfatizó que es urgente que el Ejecutivo central proponga un nuevo modelo de financiación, en lugar de debatir interminablemente sobre detalles específicos que fomentan divisiones entre los territorios. A su juicio, todas las comunidades enfrentan el mismo problema: la insuficiencia de recursos.

El conselleiro de Facenda abogó por establecer un diálogo multilateral, donde cada comunidad pueda exponer sus necesidades y que se busquen cesiones que lleven a un acuerdo que asegure una financiación adecuada y constante para todas las regiones.

Además, Corgos subrayó que 14 comunidades autónomas se encuentran también en la misma situación, exigiendo cambios en la financiación del gobierno central, y destacó que la propuesta de reforma debe originarse desde el gobierno para luego ser discutida y acordada entre todas las autonomías.

Para abordar esta cuestión, propuso analizar los ingresos de la hacienda pública estatal que deben destinarse a financiar los sistemas autonómicos y cómo repartirlos para garantizar equidad en la prestación de servicios.

En relación a la consulta previa sobre la gestión de la deuda de las comunidades, Corgos recordó que Galicia no enfrenta este tema como un problema, gracias a las políticas fiscales responsables implementadas en los últimos quince años.

Sin embargo, advirtió que si se acepta la mutualización de la deuda, los problemas que enfrentan las comunidades podrían quedar relegados de manera indefinida, lo que, como él mismo indicó, afectará a todas las autonomías.

El conselleiro ha reiterado que es esencial crear un modelo que no solo contemple la cantidad de recursos, sino que también considere un mapa claro de los servicios y calcule adecuadamente el coste de prestación de cada comunidad. Dijo que el sistema actual no cumple con las promesas de 2009, cuando se implementó.

Un aspecto clave para el éxito del nuevo modelo, según Corgos, es cómo se estima la variable de población ajustada, un tema que se discute en las jornadas actuales.

Corgos defendió firmemente que esta variable debe reflejar los costes reales de los servicios públicos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. Citó que el 26,6% de los gallegos tiene más de 65 años, en comparación con el 20,4% a nivel nacional, lo que junto con la dispersión en la comunidad, genera un déficit aproximado de 500 millones de euros anuales.

El conselleiro también hizo referencia a la Declaración de Santiago, un acuerdo firmado a finales de 2021 por ocho comunidades, como un buen ejemplo de que, a pesar de las diferencias que puedan existir, las comunidades pueden encontrar puntos en común que faciliten la revisión del sistema y la obtención de más recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, Juan Alfonso Ruiz Molina, responsable de Hacienda de Castilla-La Mancha, destacó que el modelo actual está caduco, ya que lleva más de una década sin que el gobierno central, independientemente de quien esté en el poder, muestre interés en actualizarlo.

Señaló que el Partido Popular no lo hizo durante su mayoría absoluta y que la administración de Pedro Sánchez ha estado más centrada en la financiación de Cataluña, dejando a otras comunidades en un segundo plano.

Ruiz Molina enfatizó que todas las comunidades coinciden en la necesidad de reformar el actual sistema, y resaltó la consistencia de su gobierno al exigir cambios tanto al PP como al PSOE, denunciando un modelo que claramente perjudica a Castilla-La Mancha.

Según sus declaraciones, la falta de un nuevo modelo significa que su comunidad debe esforzarse más que otras para ofrecer servicios básicos, lo que a menudo se hace a costa de un endeudamiento excesivo.

El consejero puso de relieve que Castilla-La Mancha tiene uno de los índices de deuda más altos en relación a su Producto Interno Bruto, lo que limita su capacidad para destinar recursos a otras áreas de desarrollo regional.

Con esto, dejó claro que la modificación del sistema de financiación es urgente, apuntando que hay consenso en que hay una insuficiencia de recursos para financiar los servicios públicos.

Finalmente, Ruiz Molina propuso al Gobierno que considere la aprobación de un fondo transitorio que ayude a mitigar la situación de las comunidades que se encuentran por debajo de la media en financiación hasta que se implemente un nuevo modelo.

Ruth Merino, consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, coincidió al afirmar que la modificación del sistema vigente depende de la voluntad política del Gobierno, tanto de la Ministra de Hacienda como del presidente Pedro Sánchez.

Merino explicó que más de 5 millones de valencianos han sido afectados durante más de dos décadas por un modelo que consideran ineficaz, injusto y que limita la disponibilidad de servicios públicos.

Subrayó que los valencianos enfrentan una carga mayor en comparación con otros españoles, resultando en un déficit y una deuda que se torna insostenible.

Finalmente, expresó su frustración por la falta de certeza respecto a la inyección de liquidez del Fondo de Liquidez Autonómica, que a día de hoy aún no ha sido garantizada por el Gobierno central.