Los sindicatos CCOO y UGT han intensificado su lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, llevando a cabo el quinto día de paros parciales. En este contexto, han hecho un llamado para que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, facilite una reunión, alertando que, si no surgen soluciones, se planea un paro de diez horas el próximo 9 de abril.

Serafín García, líder regional de transporte sanitario de UGT, advirtió que la protesta incluirá la paralización de hospitales y servicios de transporte sanitario desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, enfatizando la gravedad de la situación actual.

Durante la concentración, más de un centenar de manifestantes mostraron su descontento con pancartas y pitos, expresando su frustración por haberse mantenido sus salarios sin cambios desde 2013. Los sindicatos anunciaron su intención de reunirse con todos los grupos políticos de la región para poner de manifiesto su situación, advirtiendo que si la administración no responde, tendrán que buscar otras formas de presión.

En cuanto a la gestión del actual gobierno, García criticó que el pasado 28 de febrero no se abrieran los sobres del nuevo contrato de licitación para el transporte sanitario, lo cual agrava aún más la situación. Tanto UGT como una empresa del sector se han opuesto a los términos económicos del nuevo pliego por considerarlos insuficientes.

Remarcando la necesidad de acción, García instó al presidente Page a aprender de la gestión de Cospedal y a sentarse a negociar mejores condiciones salariales, alineándose con el aumento del costo de vida. El líder sindical también criticó la falta de atención de la administración a los problemas de sanidad y transporte, sugiriendo que Page está más preocupado por asuntos externos.

Jesús Rodríguez, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en transporte sanitario de Toledo, demandó mayor responsabilidad a la administración y a las empresas, señalando que existía un acuerdo que debería haber sido firmado. Lamentó que, a pesar de las continuas negociaciones, no se lograron avances y la falta de respuesta por parte de la administración sigue siendo un obstáculo relevante.

Por su parte, Carmen Campoy, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, destacó que muchos trabajadores realizan más de 300 horas extra sin que se reconozcan sus esfuerzos. Campoy instó a las partes involucradas a sentarse a negociar y resolver esta insostenible situación.

Carmen Juste, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en la región, hizo hincapié en la necesidad de que los salarios correspondan a la gran responsabilidad que asumen estos trabajadores, reiterando la solicitud de una reunión con el consejero para encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde.

Según lo expresado por ambos sindicatos, existe un acuerdo previo con las empresas desde diciembre que se encuentra bloqueado, el cual incluye aumentos salariales del 13% y 14% a lo largo de cinco años, lo que representa un incremento del 3% anual. La falta de acción sobre este acuerdo es motivo de creciente frustración entre los profesionales del sector.