TOLEDO, 2 de septiembre.

Un diverso grupo de sindicatos, que incluye a CCOO, SIBF, CSIF, UGT y USO, junto con SO y STAS, ha llevado a cabo una manifestación frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha para hacer escuchar su descontento por la situación de precariedad laboral que enfrentan los operativos dedicados a la extinción de incendios forestales.

A través de una bulliciosa concentración, que incluyó el uso de petardos, bengalas y pitos, los representantes sindicales exigieron mejoras significativas en las condiciones laborales de este colectivo. Decenas de personas se unieron en un llamado unánime para revertir la alarmante situación que afecta a estos trabajadores esenciales.

Manuel Amores, presidente del comité intercentros y portavoz de CCOO, argumentó que la justificación de esta movilización es la “precariedad laboral y estructural” que caracteriza el empleo actual en el sector. Amores subrayó los recortes en las campañas de extinción y exigió que el operativo de incendios se mantenga activo durante un periodo de 122 días, como se había acordado con el Gobierno de José María Barreda tras la tragedia de Riba de Saelices en 2005, que dejó un saldo de once vidas perdidas. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo actual ha reducido ese tiempo a solo 82 días.

Amores también destacó que la temporada alta de incendios forestales abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, un periodo en el que el operativo completo no está disponible debido a las limitaciones impuestas. Según sus declaraciones, la cobertura operativa solo se extiende desde el 23 de junio hasta el 12 de septiembre, lo que representa un escaso margen para un trabajo tan crítico.

En sus declaraciones, alertó sobre el peligro de los recortes continuos implementados por el Gobierno socialista desde 2020, que pone en riesgo no solo la seguridad de los bomberos forestales, sino también la protección de las comunidades rurales y del medio ambiente.

Desde el sindicato UGT, Iván García expuso su preocupación por cómo la administración de Emiliano García-Page ha perpetuado las políticas de ajuste en la plantilla, heredadas del anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal. “Nos encontramos en una situación insostenible, donde el escaso número de operativos pone en riesgo las vidas de quienes trabajan para proteger el entorno y la población”, enfatizó García.

García detalló que algunas unidades de incendios ni siquiera alcanzan el mínimo de personal para operar adecuadamente, lo que aumenta el riesgo para los trabajadores que deben dividirse entre diferentes tareas frente a cualquier eventualidad, como bajas o accidentes laborales.

Dirigiéndose directamente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente regional, el representante de UGT demandó que no se limiten a ofrecer elogios vacíos sobre la eficacia de sus operaciones, cuando la escasez de personal complica cualquier acción efectiva contra emergencias forestales.

Por su parte, Elisa Sánchez, del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF), enfatizó la imperiosa necesidad de que el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sea reconocido formalmente como parte del personal laboral de la Junta. "Desempeñamos funciones críticas, pero seguimos expuestos a la vulnerabilidad laboral y a la falta de reconocimiento", aseveró.

Sánchez hizo un llamado a la administración para terminar con la desconsideración hacia este colectivo, insistiendo en que la protección de los bosques y las vidas que resguardan merece un servicio público digno y estable.

Omar Alarcos, de USO, instó a la administración a establecer bolsas de empleo amplias y adecuadas para garantizar que haya personal disponible durante todo el año, dado que las labores de prevención y extinción requieren una dotación de personal capacitada y continua.

CSIF, a través de su portavoz Óscar Serrano, denunció el cumplimiento irregular por parte de Geacam y la Junta de Comunidades con respecto a los derechos establecidos para los bomberos forestales, solicitando la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación y la cobertura de las bajas. Reconoció también la necesidad de formación continua, tanto física como teórica.

Francisco Javier Pozo, de STAS, destacó que se deben implementar los convenios laborales actuales, mencionando problemas como la dificultad para acceder a servicios médicos y a la percepción de las compensaciones económicas, además de apuntar a una gestión desigual del convenio según la provincia correspondiente a cada trabajador.