TOLEDO, 21 de noviembre. Un grupo de delegados sindicales de las organizaciones UGT, CCOO y USO se han congregado hoy, jueves 21, frente a la sede central del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en Toledo. La razón de esta movilización es exigir el desbloqueo de las negociaciones del V Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados, que se encuentra caducado desde el 31 de enero de 2023.

Durante la protesta, los representantes sindicales expresaron su preocupación respecto a la reciente licitación que el Sescam está llevando a cabo sobre el Transporte Sanitario. En un acto que coincidió con la apertura de las ofertas económicas, los sindicalistas anticiparon que las condiciones presentadas representan un evidente retroceso en los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Serafín García, responsable regional del transporte sanitario por UGT, denunció ante los medios la paralización en las negociaciones del convenio colectivo, que afecta a alrededor de 2.000 técnicos en el transporte sanitario. García criticó que el diálogo se haya estancado debido a la falta de acuerdos, insistiendo en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

“Nuestro objetivo es reducir la jornada laboral, que actualmente está fijada en un mínimo de 2.184 horas anuales. Consideramos que nuestras demandas son justas”, argumentó García, al tiempo que enfatizaba que la representación sindical aspira a negociar con la patronal una reducción de la jornada a 1.900 horas.

Además, no dudó en criticar al Sescam por su falta de compromiso, acusándolo de “mirar hacia otro lado” y de seguir adelante con una licitación del transporte sanitario que, según él, resulta “deficitaria”. García sostiene que los pliegos económicos presentados son un retroceso claro en los derechos de los trabajadores.

“No queremos ser esclavos del Sescam. No podemos continuar con jornadas tan largas, mientras que los empresarios mantienen sus ganancias”, manifestó, al mismo tiempo que acusaba a las autoridades sanitarias de realizar el proceso de licitación “a escondidas”.

García se refirió específicamente a que la apertura de las ofertas económicas constituye un acto privado, algo que tradicionalmente ha sido público, y esto ha generado un clima de desconfianza entre los trabajadores.

Lola Cachero, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, también expresó su inquietud ante la situación. A pesar de que el Sescam ha declarado que la licitación se ha incrementado en 8 millones de euros, Cachero teme que, si se priorizan las ofertas económicas, el servicio se adjudique a la baja, lo que traería consigo un conflicto similar al que se dio hace siete años.

En ese sentido, recordó que la adjudicación anterior no permitió ninguna subida salarial, impidiendo así la recuperación de los derechos que habían sido recortados bajo el Gobierno de Cospedal. Esta experiencia ha dejado marcada la memoria de los trabajadores del sector.

Los representantes de los trabajadores también se han mostrado cautelosos sobre una cláusula que establece que el Sescam asumirá el coste total del convenio colectivo. “¿De qué convenio hablamos? ¿Del que tiene los salarios congelados desde 2023 por la irresponsabilidad de las empresas que han evitado la negociación?”, cuestionó Cachero, quien observó que muchas categorías profesionales y la antigüedad del personal no han sido tenidas en cuenta.

“No es justo que un servicio que arriesga la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha esté en constante deterioro. Hemos insistido en la necesidad de que este servicio se internalice y sea prestado por la Junta de Comunidades”, concluyó la representante de CCOO.

Por su parte, Carlos Sánchez, responsable de la Federación de Servicios de la Unión Sindical de la Obrera (USO), también se mostró crítico hacia la patronal, con la que llevan más de año y medio tratando de acordar un nuevo convenio. “Parece que ni las empresas ni la Administración están dispuestas a asumir responsabilidades”, afirmó.

Sánchez sugirió que el retraso en las negociaciones del convenio podría haber sido intencional, con el objetivo de dar luz verde a unos pliegos de licitación que no contemplan mejoras salariales para los trabajadores. “Es fácil hacer declaraciones sobre las mejoras del servicio, pero la realidad es que depende de la labor y el compromiso de los trabajadores”, apuntó.

Finalizando sus declaraciones, el responsable de USO recordó cómo durante la pandemia el transporte sanitario fue considerado un servicio “esencial”, recibiendo aplausos por la labor que realizaron. “Ahora lo que queremos es que esos aplausos se traduzcan en mejoras reales en las condiciones laborales y salariales de los empleados”, sentenció.