En un desarrollo alarmante para el ámbito administrativo de Castilla-La Mancha, los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han solicitado este viernes una reunión urgente con el alto mando del Gobierno regional. Esta petición se dirige específicamente al vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y gira en torno a su preocupación por los potenciales "riesgos de privatización" presentes en la futura Ley de Simplificación Administrativa.

La portavoz de CSIF, Victoria Ortiz, se pronunció ante los medios en Toledo, donde se formalizó la solicitud, y destacó que la iniciativa surge tras la identificación de una nueva figura en el anteproyecto de ley: las entidades colaboradoras de la Administración, las cuales son de naturaleza privada. Esta nueva inclusión genera serias inquietudes sobre la posible erosión de las funciones públicas.

Según Ortiz, estas entidades privadas tendrían la capacidad para gestionar una serie de procedimientos administrativos, tales como solicitudes de ayudas, certificaciones y autorizaciones. Estas gestiones son actualmente desempeñadas por Función Pública y el personal empleado estatal, lo que plantea la pregunta del futuro de estos puestos y de la calidad del servicio que se preservará para los ciudadanos.

La sindicalista subraya que la introducción de estas entidades colaboradoras podría significar que, al momento de que la Administración emita resoluciones sobre peticiones del ciudadano, ya no lo hará el personal funcionario, sino que podría estar en manos de estas entidades privadas. Este cambio es considerado por los representantes sindicales como un grave riesgo de privatización de competencias que tradicionalmente han estado reservadas al núcleo de la Administración pública.

En línea con esta crítica, el coordinador del sector autonómico de CCOO, José Luis Martínez, expresó su preocupación, afirmando que, bajo el pretexto de la agilización administrativa, el anteproyecto camufla una privatización de competencias fundamentales que son vitales para el interés general y el bienestar de los ciudadanos.

Además, el texto también menciona una figura conocida como declaración responsable. Esta declaración permitirá que procedimientos, que antes requerían una autorización explícita de la Administración, se realicen simplemente bajo la responsabilidad del solicitante, sin ninguna comprobación adicional. Este mecanismo, como advierte Martínez, podría dar lugar a riesgos significativos para el patrimonio regional y el medio ambiente.

Reconociendo la gravedad del asunto, Martínez destaca que esta falta de verificación podría dar lugar a daños irreparables, específicamente en casos sensibles como modificaciones a Bienes de Interés Cultural o cuestiones relacionadas con el medio ambiente y servicios sociales. Este dilema ha motivado a los cuatro sindicatos a rechazar abiertamente la propuesta y a demandar una reunión para expresar sus preocupaciones.

Por su parte, la delegada de UGT, Rosario Madrigal, también ha planteado preocupaciones sobre el impacto económico que esta medida podría tener para los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a acudir a estas entidades privadas. Asimismo, hizo hincapié en el manejo de datos sensibles por parte de personal no público, lo que podría acarrear problemas de uso indebido.

Finalmente, Gustavo Fabra de STAS C-LM hizo un llamado al "diálogo social" del Gobierno regional, denunciando que el anteproyecto fue elaborado sin consultar a los interesados. Expresó la esperada necesidad de que el Gobierno aclare las razones detrás de esta medida y las posibles repercusiones que podría acarrear para la sociedad.

A modo de respuesta, los cuatro sindicatos han comprometido sus esfuerzos en un manifiesto que abordarán ante diversas organizaciones sociales y profesionales, y no descartan la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones en defensa de la Administración pública. Fabra subrayó que una serie de asambleas está programada para realizarse en centros de trabajo, indicando que la "alerta roja" ha sido declarada en el sector público, destacando la relevancia de proteger la potestad pública, que es esencial para garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos.

El mensaje final de Fabra fue claro: el Gobierno de Castilla-La Mancha necesita reflexionar sobre el costo político y social de esta gran privatización de los servicios públicos, un tema que incluso su predecesora, María Dolores de Cospedal, evitó enfrentar.