CIUDAD REAL, 26 de enero.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar, el próximo martes 28 de enero, a un individuo identificado como E.R.P., quien se enfrenta a serias acusaciones que incluyen un delito de odio y otro de amenazas. Este caso gira en torno al comportamiento agresivo hacia un vecino de origen colombiano, residente en el mismo complejo residencial en Ciudad Real, con el que el acusado mantuvo una relación conflictiva.

Los detalles del caso, a los que ha tenido acceso Europa Press, revelan que el acusado solía proferir contra la víctima una serie de insultos y comentarios despectivos, tales como "vete a tu país", "mono", y afirmaciones extremas que abogan por la violencia, como que "la única manera de exterminarlos es matándoles". Estas expresiones reflejan una actitud abiertamente hostil y xenófoba que pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones.

Además de los insultos verbales, el acusado recurrió a la popular aplicación de mensajería WhatsApp para enviar mensajes amenazantes, en los que vertía comentarios inquietantes, como que era "una guarrería bañarse con un negro dentro", sugiriendo que la presencia de la víctima generaba "asco" entre los demás residentes del inmueble. Este tipo de conductas alimentan un ambiente de miedo y hostilidad que no puede ser tolerado en una sociedad civilizada.

Uno de los episodios más alarmantes, según el fiscal, tuvo lugar en julio de 2022, cuando E.R.P. amenazó directamente a la víctima en frente de varios testigos, incluyendo a los hijos de la víctima. En un acto intimidatorio que escaló a la violencia, el acusado mostró una pistola y le ordenó: "Ponte de rodillas y me cantas el Cara al Sol que te voy a matar delante de tus hijos". Este acto de brutalidad es un claro ejemplo del nivel de amenaza que el acusado representaba.

Como consecuencia de estos actos, el Ministerio Fiscal ha solicitado al tribunal que imponga una pena de 15 meses de prisión por el delito de odio, además de otros 15 meses por las amenazas. Asimismo, se ha pedido que el acusado se vea obligado a mantener una distancia de la víctima durante un periodo de dos años y medio, como medida de protección.

El fiscal también ha exigido que, además de la pena privativa de libertad, E.R.P. indemnize a la víctima con 5.000 euros, en compensación por el daño psicológico y moral infligido por sus amenazas y comportamientos hostiles. Este caso es un reflejo contundente de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en materia de convivencia y tolerancia.