CUENCA, 8 de julio. La Fiscalía ha solicitado una condena de diez años de prisión para F.A.R.H., el cual enfrenta cargos por un presunto delito de agresión sexual contra su expareja, ocurrido tres años después de que la pareja finalizara su relación. El juicio está programado para llevarse a cabo el próximo jueves 10 de julio en la Audiencia Provincial de Cuenca.

Según la información obtenida por Europa Press, el acusado y la supuesta víctima cohabitaron durante varios años y son padres de tres hijos. En 2016, decidieron terminar su convivencia de mutuo acuerdo, aunque continuaron manteniendo un contacto ocasional, sin regresar a vivir juntos.

La Fiscalía sostiene que alrededor de las 6:00 horas del 14 de julio de 2019, el acusado se presentó en la residencia de su expareja, manifestando su deseo de hablar con ella. Sin embargo, tras ingresar al hogar, F.A.R.H. mostró una actitud violenta, recriminándole que no compartiera detalles sobre su vida personal. En un arrebato agresivo, rompió una puerta de cristal y destrozó varios objetos del mobiliario, generando un clima de miedo en la mujer.

Se alega que la mujer había sido víctima de agresiones en el pasado, lo que la colocaba en una situación aún más vulnerable, considerando que F.A.R.H. ya había enfrentado una condena previa de ocho años de prisión por delitos similares.

De acuerdo con la acusación, el hombre forzó a la víctima a ascender a la planta superior de la vivienda. La tomó de los brazos y la llevó a una de las habitaciones, donde, a pesar de sus intentos de resistirse, F.A.R.H. logró mantener relaciones sexuales con ella de forma coercitiva.

Los hechos descritos configurarán un delito de agresión sexual, de acuerdo con los artículos 179 y 178 del Código Penal, reformados por la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, comúnmente conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Esta legislación es considerada más favorable para el acusado, según los principios del Derecho.

La Fiscalía ha solicitado, además de la mencionada pena de prisión, la imposición de agravantes por parentesco y motivos de género, así como una orden de alejamiento de once años. También se contempla una libertad vigilada de diez años y la prohibición de trabajar con menores durante dos décadas. Asimismo, se pide una compensación de 6.000 euros a la víctima por concepto de daños morales.