TOLEDO, 13 de marzo. En un llamado urgente a la Consejería de Bienestar Social, el sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha instado a llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación de cada centro de menores en la región. Este pronunciamiento llega en un momento crítico tras la trágica muerte de una educadora social de 35 años en Badajoz, un hecho que ha conmocionado a la sociedad y ha puesto de relieve la necesidad de contar con un mínimo de dos trabajadores por turno.

Estrella Fernández y Rosario Madrigal, voceras de UGT en el sector de Servicios Públicos, ofrecieron una conferencia de prensa. En esta, resaltaron que la realidad en los centros es heterogénea y cada caso es único, lo que hace esencial la revisión de protocolos y personal en cada establecimiento.

Considerando la gravedad del contexto, UGT y CCOO han organizado un acto para este viernes, programado para las 11:30 a.m., que se llevará a cabo en las cinco delegaciones provinciales de Bienestar Social, así como en la Plaza del Pan en Talavera de la Reina a las 12:30 p.m.

La crítica hacia la asignación de un único trabajador para hasta ocho menores es clara. Según UGT, esta situación no proporciona las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y calidad en la atención. Por ello, el sindicato subraya la necesidad de contar con, al menos, dos profesionales para cada turno de trabajo y la revisión de los perfiles necesarios en los equipos de atención a menores.

Desde la organización, se enfatizó que estos servicios deben ser considerados desde la perspectiva del bien común. La educación y el apoyo a los jóvenes requieren más que cumplir con los mínimos estipulados, demandando un enfoque humanitario y responsable por parte de la administración.

UGT también argumenta que los centros deben ofrecer un servicio público de calidad y aboga por la implementación de un protocolo nacional unificado en la atención a menores, evitando así la dispersión de criterios y recursos en distintas regiones.

El sindicato ha destacado que el modelo actual de gestión en estos centros está en revisión, dado que gran parte de ellos están externalizados. La responsabilidad en la tutela de menores recae en el Gobierno regional, mientras que la gestión real de los centros frecuentemente está a cargo de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

La seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores son una prioridad en este análisis, afirmando la necesidad de crear ambientes seguros que protejan tanto a los empleados como a los menores bajo cuidado.

A pesar de no proporcionar cifras exactas, las representantes de UGT mencionaron un aumento del 36% en la necesidad de atención a menores para el año 2024 en comparación con 2023, según estudios de la Junta. Esto sugiere una crisis creciente que debe ser abordada de inmediato.

Además, entre sus exigencias, UGT ha subrayado la importancia de que los trabajadores en estos entornos cuenten con condiciones laborales dignas, una revisión de la necesidad de psicólogos, educadores sociales o cuidadores en cada centro, y la garantía de que el personal posea la formación adecuada durante su horario laboral.