En Ciudad Real, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expresado su preocupación por la adecuada integración de menores migrantes, afirmando que una mala gestión podría llevar a un aumento de la tensión social. Hizo hincapié en que está observando reacciones negativas en lugares como Torre Pacheco, donde advierte de un preocupante aumento de sentimientos xenófobos y racistas.

Estas declaraciones se produjeron durante una atención a los medios en Ciudad Real, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de tramitar las reclamaciones de seis gobiernos autonómicos, incluido el de Castilla-La Mancha.

García Torijano dejó claro su desacuerdo con el real decreto que propone la distribución de menores no acompañados entre las comunidades, indicando que se trata de un plan sin consenso ni la financiación necesaria para su correcta implementación.

La consejera subrayó el compromiso de su región de ayudar en la crisis migratoria, especialmente en relación a la problemática que enfrentan las Islas Canarias, siempre que exista una financiación adecuada que permita ofrecer el apoyo necesario a los menores.

“Castilla-La Mancha se muestra solidaria, pero esta solidaridad debe ser respaldada por unos fondos justos. No se puede afrontar esta situación con un recorte del 80% en el presupuesto en comparación con años anteriores”, advirtió.

Además, destacó que el sistema de protección en su región cuenta ya con 560 plazas, alcanzando un 98% de ocupación, lo que imposibilita aceptar otros 320 menores propuestos por el Gobierno central sin afectar la atención a los niños ya bajo su tutela.

García Torijano también criticó la aprobación del decreto sin haber mantenido un diálogo adecuado con las comunidades autónomas y sin considerar las alternativas presentadas por Castilla-La Mancha en febrero pasado.

“Nuestra propuesta era metódica, bien elaborada y también contemplaba la transición hacia la vida autónoma al cumplir la mayoría de edad, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de discutirla”, expresó.

Reiteró la necesidad de asegurar que todos los menores que lleguen sean tratados con las mismas garantías que los que ya están en el sistema de protección, sin comprometer su funcionamiento actual.

Además, no olvidó resaltar que Castilla-La Mancha ya recibe menores no acompañados provenientes de otras rutas o comunidades limítrofes, recordando que, hasta finales de 2024, un total de 174 menores migrantes fueron atendidos en su región.

Desde su punto de vista, aceptar ahora a 320 nuevos menores en un período tan breve resulta “imposible”.

García Torijano subrayó que su objetivo es contribuir positivamente a la situación, pero enfatizó que esto no se puede hacer de manera apresurada o forzada, ya que es una responsabilidad del Estado que requiere un enfoque coordinado.

Finalmente, expresó su esperanza de que el Ministerio considere las recomendaciones de las comunidades durante la conferencia sectorial programada para este jueves, reiterando la disposición de Castilla-La Mancha para colaborar, siempre que se garantice una acogida digna, segura y sostenible en el tiempo.