TOLEDO, 10 de junio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de impugnar un decreto que establece el reparto de menores migrantes, esto es resultado de la ausencia de apoyo financiero por parte del Gobierno central para llevar a cabo esta iniciativa.

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha informado sobre esta resolución, destacando que las comunidades autónomas requieren de recursos adecuados para garantizar el bienestar de los menores. Se ha expresado su preocupación por la aprobación de este decreto sin un adecuado diálogo entre las diferentes regiones, y ha mencionado que llega sin el respaldo económico necesario.

Padilla ha enfatizado que la Junta de Comunidades comparte la necesaria solidaridad hacia estos menores, asegurando que no debería haber límites geográficos en este contexto. Sin embargo, ha subrayado que la acogida va más allá de simplemente abrir las puertas, señalando que debe hacerse con dignidad, algo que el decreto actual pone en riesgo.

La consejera ha manifestado que Castilla-La Mancha no ha recibido ningún tipo de financiación para atender a los 500 menores que el Gobierno ha decidido trasladar, lo que agrava la situación considerando que ya están a cargo de otros niños en la región.

Según Padilla, la atención de estos 500 menores representaría un gasto anual de más de 26 millones de euros, y ha reiterado que la financiación ofrecida por el Gobierno nacional es inexistente para la comunidad autónoma.

La decisión de recurrir este decreto también está respaldada por un informe del Consejo Consultivo, solicitado por la Consejería de Bienestar Social, que apunta a una notable falta de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas respecto a este tema, sugiriendo que el decreto podría invadir competencias que son exclusivamente de la región.

Dicho informe destaca que no había justificación para imponer una norma excepcional, como un decreto que excluiría las opiniones de las comunidades y que, además, no debería haberse abordado mediante un decreto ley, dado que se trata de derechos fundamentales, lo cual requiere una ley orgánica.

Padilla ha añadido que el decreto en cuestión no busca establecer condiciones básicas que aseguren la igualdad en asistencia y protección, sino que simplemente desvía el problema a las comunidades autónomas sin ofrecer una solución efectiva.

En su declaración, la consejera ha dejado claro que Castilla-La Mancha no está presentando este recurso para evitar atender a los menores, sino para asegurar que se dispongan de los recursos necesarios para proporcionarles una atención digna. Ha señalado que la región ya está cumpliendo con su deber con los niños a su cargo.

Es importante destacar que actualmente, la región ya tiene más de 1.100 menores bajo su tutela, 550 de los cuales están viviendo con familias acogedoras y 560 en instalaciones del sistema de acogida. A pesar de esto, el Gobierno ha solicitado que se asuman 500 adicionales, argumentando que la región tiene capacidad suficiente, cuando en realidad, los centros ya están operando a un 96,5% de su capacidad máxima.

Padilla ha argumentado que no se puede determinar la capacidad de acogida de una comunidad simplemente en función de su población, enfatizando la necesidad de contar con recursos adecuados para brindar el cuidado necesario.

En sus palabras, si Castilla-La Mancha acepta este decreto sin más, y comienza a recibir a más niños, se enfrenta a una grave crisis de espacio: “¿Dónde colocamos a todos estos niños?, cuando nuestros recursos ya están prácticamente al límite. No es una opción habilitar un espacio improvisado, como otros han sugerido anteriormente. No respaldamos ese modelo,” concluyó Padilla.