El panorama de la rendición de cuentas en las entidades locales de España es preocupante, según un reciente informe del Tribunal de Cuentas. A fecha de mayo de 2025, un 19% de estas entidades aún no había presentado la información requerida sobre contratos, convenios y control interno del ejercicio correspondiente a 2023, desaprovechando así la obligación legal de colaborar con la fiscalización pública.

Este informe, que se ha hecho público recientemente, destaca que las regiones con un peor desempeño en términos de cumplimiento fueron Andalucía y Castilla-La Mancha. En contraste, la Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid se perfilan como las más cumplidoras en sus obligaciones de rendición de cuentas.

La estructura del sector público local en España comprende un total de 12.926 entidades, todas ellas con la responsabilidad de enviar información detallada al Tribunal de Cuentas. En el balance presentado al final de mayo de 2025, se reveló que solo el 81% había cumplido con esta tarea, dejando a un 19% en situación de incumplimiento. Además, entre las entidades que sí enviaron sus datos, apenas el 48% (excluyendo el País Vasco y Navarra) observó el plazo establecido por la ley.

Los datos evidencian que la Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid destacan con un impresionante 98% de cumplimiento, seguidas por Cataluña y Galicia. Por otro lado, Andalucía y Castilla-La Mancha se sitúan en la cola de esta tabla, con cifras de cumplimiento alarmantemente bajas del 49% y 44%, respectivamente, indicando que numerosas entidades en esos territorios no atendieron a sus obligaciones reportadas.

Enriqueta Chicano, al mando del Tribunal de Cuentas, señala que la diferencia en el cumplimiento se relaciona con leyes autonómicas que vinculan la concesión de subvenciones a la adecuada rendición de cuentas. Esto sugiere que donde hay un incentivo claro, los niveles de cumplimiento son notablemente más altos.

Si bien se reconoce una "mejora progresiva", aunque "tardía", el Tribunal de Cuentas instó a los legisladores a articular una legislación que asocie el acceso a subvenciones y ayudas públicas al cumplimiento en la rendición de cuentas. Además, sugieren realizar cambios normativos que permitan la retención de fondos tributarios para las entidades locales que no cumplan con estas obligaciones.

El informe también destaca "deficiencias significativas" en otros aspectos de la obligación informativa dentro del sector local, tales como la remisión de información sobre contratos y convenios, así como el régimen de control interno, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y compromiso en la gestión pública local.