Castilla-La Mancha pide reducir su deuda en más de 5.300 millones en el CPFF para equipar su financiación con la de Cataluña.
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a exigir una quita de deuda de más de 5.300 millones de euros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para equiparar la financiación por habitante a la que recibirá Cataluña tras el acuerdo entre el PSOE y ERC. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que la región no se conformará con una condonación del 20 por ciento de la deuda, que corresponde a unos 2.200 millones de euros como se ha acordado para Cataluña.
Ruiz Molina ha expresado su preocupación por el hecho de que se perdone la deuda a una comunidad autónoma que no está infrafinanciada, sino todo lo contrario en comparación con Castilla-La Mancha. Ha argumentado que el modelo actual de financiación es mucho mejor en Cataluña que en su región. Castilla-La Mancha ha estado pidiendo una condonación de la deuda para las comunidades autónomas que han estado infrafinanciadas bajo este modelo y ha defendido que la decisión sobre la cantidad a condonar debería ser tomada por una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, y no por cualquiera.
En relación al nuevo modelo de financiación, el consejero ha afirmado que solo puede ser establecido de manera multilateral en el CPFF. Por lo tanto, se opone a cualquier tipo de negociación que afecte a una única comunidad autónoma o que se decida entre el Estado y una sola comunidad autónoma.
Ruiz Molina ha señalado que no se conoce el método utilizado para llegar a los 15.000 millones de euros que se condonarán a Cataluña, aproximadamente el 20 por ciento de su deuda con el Estado a través del FLA. En teoría, esto significaría alrededor de 2.200 millones de euros para Castilla-La Mancha, que tiene una deuda de 12.000 millones de euros. Sin embargo, ha defendido una condonación de deuda que permita igualar la financiación por habitante con la acordada para Cataluña. En consecuencia, sostiene que la condonación debe superar los 5.300 millones de euros.