Crónica Castilla-La Mancha.

Crónica Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha registra un déficit de 302 millones en el primer semestre del año, equivalente al 0,61% del PIB.

Castilla-La Mancha registra un déficit de 302 millones en el primer semestre del año, equivalente al 0,61% del PIB.

El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 17.481 millones de euros en mayo, lo que supone un descenso del 17,2% respecto al año anterior y equivale al 1,24% del PIB --frente al 1,59% del mismo periodo de 2022--. Por su parte, Castilla-La Mancha registró un déficit de 302 millones de euros, el 0,61% del PIB

Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantuvo en el 1,24% del PIB, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta junio, se situó en 24.090 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 1,71% del PIB, frente al 1,94% existente en junio de 2022.

Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 7,9%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 5,2%.

"Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 y confirmada en 2022 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Volviendo al déficit público, la Administración Central registró un déficit de 10.440 hasta mayo, lo que supone un descenso del 39,7%, y equivale al 0,74% del PIB, frente al 1,30% del ejercicio anterior. Dentro de la Administración Central, el déficit del Estado en mayo en términos de PIB, equivale al 0,90%, alcanzando la cifra de 12.628 millones, un 31,7% inferior al registrado en el quinto mes de 2022.

Por su parte, los Organismos de la Administración Central registraron en mayo de 2023 un superávit de 2.188 millones, un 85% más que el superávit registrado en el mismo periodo de 2022.

En cuanto a la Administración regional, las comunidades registraron un déficit a finales de mayo de 2023 de 6.193 millones, lo que supone un aumento del 131,6% y equivale al 0,44% del PIB, frente al déficit del 0,20% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 9,2%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 5,1%.

Los impuestos de las comunidades crecieron un 8,4% y, dentro de ellos, los tributos sobre la producción y las importaciones alcanzaron la cifra de 7.584 millones, mientras que los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementan en un 12,7% hasta situarse en un total de 24.017 millones. Por su parte, los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascendieron a 1.276 millones de euros.

De su lado, los Fondos de la Seguridad Social hasta mayo de 2023 registraron un déficit de 848 millones, frente a los 1.139 millones también de déficit del mismo periodo de 2022. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,06%, mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,09% del PIB.

Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 9%, destacando el buen comportamiento de las cotizaciones con un robusto crecimiento del 10%, frente al aumento registrado en los gastos de un 8,5%.

En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta junio, su mejor comportamiento obedece a un incremento de los ingresos no financieros del 7,9%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 5,2%.

En concreto, recursos no financieros se situaron en 122.192 millones, lo que implica un 7,9% más respecto al mismo periodo de 2022. Los impuestos alcanzaron los 101.692 millones, el 83,2% del total de los recursos, y crecieron un 5,5% respecto a junio de 2022.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentaron un 2,3% y, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el Gravamen temporal energético y el Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con un importe conjunto de 1.685 millones.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 38.602 millones, cifra superior en un 11,3% a la del primer semestre de 2022. Un incremento debido a que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentaron un 14,4%, hasta 11.304 millones, derivado del aumento de recaudación del primer pago fraccionado. Por su parte, el IRPF se incrementó un 6,1%, y a su vez, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se elevó un 32,2%.

Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzó los 111 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales descendieron un 2,1%.

En el caso de los empleos no financieros del Estado, la cifra se situó en 146.282 millones, superior en un 5,2% a la registrada en los seis primeros meses de 2022.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 62,3% sobre el total de empleos no financieros. En concreto, en el primer semestre del año ascendieron a 91.089 millones, un 9,5% más que el año anterior, principalmente por la dotación adicional de 1.666 millones destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para compensar el saldo global negativo de la liquidación de 2020.

Por un lado, la Administración regional ha recibido 45.735 millones. En concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación se han transferido a las Comunidades Autónomas de régimen común 40.948 millones, un 10,8% más que el año anterior. A su vez, el Sistema de Seguridad Social ha recibido 25.342 millones, 3.762 millones más que en 2022, principalmente por la dotación destinada a la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor.

Por otro lado, la Administración Local ha recibido 12.773 millones, un 12,4% más que el año anterior, de los que 10.831 millones son entregas a cuenta por su participación en los ingresos del Estado, un 2,5% más que en 2022.