TOLEDO, 9 de octubre. La dirigente de CCOO en Castilla-La Mancha, Pilar Ramos, ha manifestado su esperanza de que los presupuestos para 2026 contemplen el reconocimiento formal de la carrera profesional para los trabajadores de la sanidad.

“Lo solicitamos diariamente”, declaró la líder sindical durante una conferencia de prensa, acompañada por Humberto Muñoz, secretario general de la Federación estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. La reivindicación parece ser un tema recurrente para el sindicato.

En este sentido, Ramos notificó que ya se ha programado un juicio para marzo de 2026, debido a una demanda presentada contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en busca de este reconocimiento profesional.

“No es una petición ocasional, llevamos esta reclamación en todas las mesas de diálogo y en cada reunión con los responsables del Sescam”, subrayó Ramos, enfatizando la persistencia del sindicato en este asunto crucial.

Durante unas jornadas sobre el Estatuto Marco celebradas en el área sanitaria, la dirigente sindical destacó que están haciendo énfasis en la necesidad de que esta normativa garantice la carrera profesional para todos los trabajadores sanitarios, la cual ha estado estancada desde 2011 en la región.

“El presidente Page ha estado haciendo esta promesa durante varias legislaturas sin que se haya materializado. Consideramos que sería fundamental que esta obligatoriedad se incorpore al Estatuto Marco y que no dependa de negociaciones futuras”, reclamó.

De esta manera, se aseguraría que los profesionales de la sanidad en Castilla-La Mancha tengan un reconocimiento similar al de otras comunidades autónomas en el país.

En este contexto, el representante nacional de CCOO subrayó que “es una demanda inequívoca” y agregó que “no puede existir disparidad en el reconocimiento de la carrera profesional entre comunidades autónomas”.

“Es esencial que haya coherencia entre los diferentes sistemas, ya que de no ser así, la movilidad entre comunidades podría llevar a una grave desventaja en salario y estatus profesional”, advirtió.

Por ello, dejó claro que “la dirección es evidente” y que “es imperativo luchar” por implantación de esta medida en la región. “La incorporación en el Estatuto Marco es la forma más efectiva de garantizarla”, aseguró.

En relación a las negociaciones de esta normativa a nivel nacional, Díaz evaluó que, gracias a las movilizaciones recientes, el Ministerio de Sanidad ha mantenido abierta la posibilidad de diálogo.

El Estatuto que data de 2003 ha quedado obsoleto en varios aspectos y demanda “una actualización urgente”, según opinó Ramos.

La actualización de esta normativa se apoya en tres pilares. Primero, la necesidad de “ajustar la clasificación profesional de los trabajadores del sistema de salud nacional”, ya que muchas categorías aún se rigen por estatutos de épocas anteriores a la Constitución, específicamente de los años 70, lamentó Muñoz.

Asimismo, el sindicato considera crucial “alinear la clasificación y cualificaciones al marco español de clasificación (Meces)”.

En segundo lugar, se estima que alrededor del 40% del personal sanitario se jubilará en la próxima década, haciendo urgente la implementación de “mecanismos ágiles, permanentes y predecibles que no dependan de la voluntad del gobierno de turno”.

“Es fundamental que se creen figuras como la jubilación parcial, que faciliten la salida de los profesionales veteranos y al mismo tiempo permitan la incorporación de nuevos talentos al sistema”, destacó.

Finalmente, el tercer aspecto que debe incluirse en el Estatuto Marco es la regulación de la jornada laboral de 37 horas para todo el Estado, como un “reconocimiento generalizado y básico”.